El patrón del 'Pepita Aurora' tendrá que pagar el reflotamiento

El patrón del 'Nuevo Pepita Aurora' pidió el reflotamiento del pesquero barbateño y deberá ser él quien lo pague. Así lo aclara la Audiencia Provincial de Cádiz a petición de la Fiscalía de Algeciras en un auto de fecha 14 de junio de carácter firme, contra el que no cabe recurso. En él establece claramente que la prueba solicitada por José V. C., petición a la que se sumaron cuatro de las viudas de las víctimas, «deberá hacerse a costa de la parte proponente». El patrón es el único imputado en el procedimiento penal en el que se investigan las causas del hundimiento del barco en septiembre de 2007 en el que fallecieron ocho de sus 16 tripulantes.

Con esta resolución judicial, a la que ha tenido acceso LA VOZ, se despejan las dudas sobre quién deberá asumir el reflotamiento de la embarcación, una prueba que fue rechazada por el juez instructor del caso y que más tarde fue autorizada por la propia Audiencia. Pero se abren otros interrogantes. El principal es si el imputado puede costear los más de 600.000 euros que, según empresas especializadas en este tipo de trabajos, supondrían sacar la embarcación a flote. Según su abogado defensor, Jesús Gómez, no puede ni quiere. No sólo no tiene el dinero sino que considera que debe ser la Administración pública la que pague una prueba que considera «necesaria» en el procedimiento.

Las familias de los supervivientes y de las víctimas que fallecieron en el siniestro y que ejercen como acusación particular coinciden en que debe ser el Estado el que asuma la prueba, aún cuando la mayoría no la considera imprescindible para seguir con el caso.

¿Un paso más?

La petición de reflotar el 'Nuevo Pepita Aurora' ha hecho que la instrucción entre en dique seco después de tres años de investigaciones. El juez deberá ahora autorizar la prueba tal y como le exige la Audiencia y seguir con la instrucción del caso del que aún no hay escrito de acusación fiscal ni fecha del juicio. El patrón del pesquero es hasta el momento el único imputado en el procedimiento. Los cargos son ocho presuntos homicidios imprudentes y un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.