La Junta analizará la sentencia del TC para asegurar el desarrollo del Estatuto

El Gobierno andaluz afronta con tranquilidad el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la norma catalana. En el Ejecutivo de la Junta, lo mismo que en la oposición, se tiene la convicción de que el Estatuto andaluz es plenamente constitucional. En estos términos se han pronunciado tanto el presidente, José Antonio Griñán, como el líder de la oposición, Javier Arenas. Pese a ello, fuentes del Gobierno admitieron a este periódico que los servicios jurídicos de la Junta analizarán pormenorizadamente la sentencia del Constitucional una vez que se conozca en su totalidad. El objetivo no es otro que asegurarse el desarrollo de la norma andaluza con total garantía jurídica y dar respuesta a algunas de las dudas que ahora se plantean.

Estas dudas se deben a la coincidencia de algunos artículos mutilados por el Constitucional en el texto catalán con los del andaluz en materias tan importantes como la creación del Consejo de Justicia de Andalucía, las competencias en cajas de ahorros, la financiación autonómica o la consideración de 'realidad nacional' en el preámbulo.

Coincidencias

Pese a estas coincidencias, el Gobierno andaluz ha insistido en dejar claro que la sentencia del Alto Tribunal no puede afectar a la norma andaluza, porque para que ello ocurra debería existir un recurso contra el Estatuto, cosa que no sucede. Aún en este supuesto, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, recordó que en el articulado andaluz los preceptos anulados por el TC que coinciden con los andaluces guardan matices que les diferencia. En el texto andaluz casi todos los asuntos ahora cuestionados aparecen sujetos a lo que marca la Constitución, lo que no sucede en el documento catalán.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con el artículo 175, en el que se exige una financiación según el peso de población y una garantía para que la educación, la sanidad y los servicios sociales tengan un nivel similar en el conjunto del Estado, «siempre que se lleve a cabo un esfuerzo fiscal similar expresado en términos de la normativa y de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución».

Este tipo de matiz diferenciador es el que el PP ha recordado como su aportación durante el trámite final del Estatuto en el Congreso para que la norma quedara a salvo de inconstitucionalidad alguna. El PP, que recurrió el texto catalán, apoyó junto al PSOE e Izquierda Unida el Estatuto de Andalucía.

Javier Arenas fue uno de los primeros en manifestar tras conocerse el fallo que el Estatuto de Andalucía es plenamente constitucional y la sentencia no le afectará.

Otro de los argumentos del Gobierno andaluz para considerarse a salvo de hipotéticos recursos es el hecho de que dos de las cuestiones más peliagudas, como la creación del Consejo Andaluz de Justicia y las competencias en cajas de ahorro no han tenido desarrollo en Andalucía todavía. La intención de la Junta es seguir la doctrina del Constitucional.

En el caso del Consejo, tanto en el Estatuto andaluz como en el catalán se supedita a la aprobación de una nueva ley orgánica del Poder Judicial, pero Cataluña no ha esperado a esta para poner en marcha su orgamismo. Ayer De la Vega anunció la posibilidad de dar salida a estos consejos autonómicos con la reforma de la citada ley. Esto despejaría una de las dudas planteadas en Andalucía con la sentencia y que los servicios jurídicos se proponen analizar cuando se haga público el borrador completo.