Desconfianza en los mercados

El contraste ofrecido en sus valoraciones sobre la sentencia del 'Estatut' entre el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y el Gobierno de la Generalitat refleja dos visiones que podrían volverse divergentes respecto al futuro autonómico catalán en las relaciones entre el PSC y el PSOE. La satisfacción mostrada desde la Moncloa porque el veredicto del Alto Tribunal «garantiza el máximo autogobierno que nunca ha tenido Cataluña dentro de la España constitucional» nada tiene que ver con la indignación que ha querido exteriorizar Montilla ante el mismo. Por eso resulta extraño que el Gobierno central se avenga a atender la demanda de los socialistas catalanes para sortear, paliar, compensar o maquillar mediante modificaciones legislativas los recortes estatutarios que establece la sentencia. Es posible que las palabras del presidente Zapatero alentando tal eventualidad respondan más a su deseo de rebajar el tono de la contestación catalana que a un propósito convenientemente sopesado desde el punto de vista del Derecho. A no ser que el Gobierno o su presidente prefieran mantener abierto el horizonte autonómico a la espera de que, por un lado, las distintas comunidades reivindiquen para sí aquella parte del Estatut que ha quedado intacta en su paso por el TC, y que por el otro la identificación de los apartados inconstitucionales y la interpretación sobre los demás contemplados por la sentencia dé paso a cambios normativos tanto en la legislación común como en la de cada comunidad, empezando por Cataluña. Ambos supuestos podrían tener sentido siempre que se realizasen sin forzar o poner a prueba el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero semejante magnanimidad autonómica por parte del Gobierno Zapatero sería, por un lado, incoherente con las reservas que la Administración central viene mostrando ante la definitiva transferencia de competencias que los diversos estatutos contemplan como exclusivas, sin que nadie haya discutido su carácter constitucional. Mientras que, por otro lado, pretensiones como la de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para paliar la negativa del TC a dar carta de naturaleza a un «Consejo de Justicia de Cataluña» estarían abocadas a enfrentarse con los criterios de dicho Tribunal.

Ayer, primer día de la subida del IVA y de las rebajas de verano, Moody's avanzó sus planes de rebajar en uno o dos escalones la calificación de nuestra deuda porque prevé que «la economía española va a creer muy poco en el futuro»; el 1% hasta 2014. Además, Moody's avisa de que España necesitará varios años para superar el desplome inmobiliario, para reducir el altísimo endeudamiento del sector privado y para encontrar nuevos motores de crecimiento. Europa ha optado, a presiones de Alemania, por la estabilización a toda prisa y las deprimidas economías europeas vivirán durante años una vida lánguida, con crecimientos muy bajos y alguna nueva incursión en la recesión. En el caso concreto de España, varias voces financieras, como el Wall Street Journal, el inversionista George Soros o el Nobel de Economía Josep Stiglitz, consideran un claro error aplicar una política de estricta austeridad con una repercusión negativa en el crecimiento. A su juicio el enfoque europeo de talla única puede resultar muy negativo para España, con una economía más fuerte y muy diferente a la de Grecia o Portugal. Quizá Europa, y no los mercados, se esté equivocando de estrategia.