El Estado portugués veta a Telefónica la compra de Vivo

El Estado portugués vetó ayer la compra por Telefónica de la parte del operador brasileño Vivo que mantiene Portugal Telecom (PT). El Ejecutivo de José Sócrates hizo uso de la denominada 'golden share' o 'acción de oro'. Una prerrogativa desaparecida ya en toda la Unión Europea y que Bruselas considera ilegal por contravenir claramente el derecho comunitario.

El portazo en la cara a Telefónica es aún más sangrante si se tiene en cuenta que la mayoría del accionariado de Portugal Telecom votó a favor de la oferta, que la española había elevado la víspera hasta los 7.150 millones. El 'sí' acaparó el 73,9% de los votos con derecho a pronunciarse sobre la propuesta, frente al 26,1% que obtuvo el 'no'. Telefónica sólo necesitaba un 50%. Pero una vez realizado el sufragio -en el que la española no pudo votar por conflicto de intereses-, el presidente de la junta de PT, Antonio Menezes, entendió que la negativa del Estado luso (que cuenta con 500 acciones especiales para frenar determinadas decisiones de la asamblea) dejaba en papel mojado lo decidido por los accionistas.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras José Sócrates aludía a «intereses nacionales» para defender la acción de su Gobierno, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de la Agenda Digital, Neliee Kroes, criticaba las «medidas proteccionistas y nacionalistas» en una Europa integrada y con supuesta libertad de capitales en un mercado único.

«La acción de oro sirve para utilizarse cuando es necesario; los que iban a comprar y los que decidían en la asamblea sabían cuál era la posición del Gobierno y creo que la debían de tener en cuenta», se defendió Sócrates, según varios medios portugueses. Algunos de esos mismos medios calificaban la decisión de «inédita, sorprendente y, probablemente ilegal». «Va en contra del mercado, de la administración y de la decencia; y revela un país próximo al subdesarrollo económico», sentenciaba en su edición 'on-line' el 'Jornal do Negocios'.

La sorpresa fue mayúscula. Máxime si se tiene en cuenta que el Tribunal de Justicia Europeo tiene abierto un proceso sancionador contra Portugal precisamente por la 'acción de oro', proceso en el que se espera una decisión para el próximo día 8 y en el que, según todos los indicios, Luxemburgo reiterará la ilegalidad del sistema de veto.

Advertencia

Sin necesidad de esperar a conocer el veredicto y apenas unas horas después de conocerse la noticia, la Comisión Europea insistía en que la 'golden share' lusa es «incompatible con la legislación europea; en particular, constituye una restricción injustificada al libre movimiento de capitales y al derecho de establecimiento, dificultando tanto la inversión directa como la cartera de inversiones».

Y es que el veto deja en una situación peligrosa a la industria portuguesa, en la que los inversores se pensarán muy mucho invertir ante una evidente falta de seguridad jurídica. Telefónica calificó también de «ilegal» la acción de oro y, amplió hasta el 16 de julio el plazo para que PT acepte o no su oferta.

La firma presidida por César Alierta tiene claro que la operación de Vivo ha de salir. El objetivo de la oferta (que se inició en 5.700 millones de euros) era lograr el 50% que aún no controla de la sociedad holandesa Brasilcel, en manos de Portugal Telecóm. Brasilcel es propietaria del 60% del capital de Vivo.

Los planes de Telefónica pasan por fusionar Vivo con su filial brasileña de telefonía fija, Telesp. Esa unión daría lugar a un gigante de las telecomunicaciones en uno de los países con mayor potencial de crecimiento del mundo, además de provocar unas sinergias millonarias y, no hay que olvidarlo, conformar un magnífico baluarte en la pelea por el mercado latino frente al magnate mexicano de las telecos Carlos Slim.