La dramatización de la sentencia

La opinión pública (y en esta ocasión, también la opinión publicada) ha recogido con toda naturalidad la sentencia sobre el Estatuto catalán, que, con toda evidencia, deja prácticamente íntegra la materialidad de la nueva carta catalana, si bien recorta algunos flecos confederales, soberanistas, que manifiestamente no cabían en la Constitución. La clase política, sin embargo, se ha alborotado, en una actitud melodramática que contribuye a generar la indiferencia de la ciudadanía hacia la superestructura política, un mal que en Cataluña ha sido específicamente detectado por los abismos que frecuentemente se han abierto entre las preocupaciones reales de la sociedad -hoy, pendiente como es lógico de la crisis- y el proceso político, enmarañado en debates bizantinos sobre la naturaleza de las cosas y en disputas banales sobre la catalanidad de cada cual. Y es manifiesto que la irritación nacionalista proviene más del hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) haya osado cumplir con su obligación que al contenido del fallo, inesperadamente benevolente con otros aspectos dudosos del Estatuto. En esta ocasión, Montilla ha protagonizado una de las reacciones más cuerdas al solicitar tan solo «rehacer el pacto estatutario y reforzar el pacto constitucional», descartando la convocatoria anticipada de elecciones y, por supuesto, un nuevo referéndum. Pero CiU ha visto lesionada la dignidad de Cataluña y ha rechazado abiertamente «una sentencia que va en contra de lo que el pueblo catalán decidió». La reacción más estridente ha sido la del presidente de la Cámara catalana, el republicano Benach, quien ha declarado que la sentencia abre una «crisis de Estado». El día 10 se celebrará una manifestación de protesta organizada por los partidos y las fuerzas sociales, encabezada por los ex presidentes de la Generalitat Pujol y Maragall. Es probable que el acto se convierta en un desgarro victimista, que no tiene fundamento. Cataluña ha ampliado muy sensiblemente su autonomía mediante el nuevo Estatuto hasta donde la Constitución permite. Si algún partido quiere ir más allá, deberá mostrar su propia hoja de ruta, toda vez que la vía de la reforma estatutaria está agotada.