Jerez no contará con nuevos juzgados pese a la recomendación del TSJA

El último informe del Tribunal Superior de Justicia lo dejaba meridianamente claro: Jerez necesita, al menos, siete juzgados nuevos, si bien de forma explícita sólo pedía la creación de dos. Sea como fuere, lo cierto es que del documento se desprendía una saturación considerable del sistema y una acuciante necesidad de mejora.

Ahora, sin embargo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que autoriza la dotación de 134 órganos más en todo el territorio español, de los que sólo uno corresponde a la provincia de Cádiz y ninguno a Jerez. Como subrayaba ayer la sección sindical de Justicia de Comisiones Obreras, cualquiera que haya leído el informe o que viva el día a día de los juzgados es consciente del grave problema que padecen. Una realidad evidenciada por la propia Inspección de Trabajo, que elaboró hace unos meses una evaluación de riesgos en la que alertaba del preocupante nivel de estrés de la plantilla.

Esta nueva noticia ha supuesto un varapalo para los profesionales, que exigen como mínimo un Juzgado de lo Mercantil en la ciudad, un Penal número 4, la ampliación de los Servicios Comunes y la de las plantillas de las fiscalías. Desde CC OO recordaban, además, unas recientes declaraciones del secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, en las que señalaba a la provincia como objetivo del Gobierno para reforzar su planta judicial, algo que parece haber caído en saco roto.

Campo, como aseguraron, también reconocía los «males endémicos» que padece la zona en esta materia, por lo que el sindicato no da crédito a esta falta de inversión. Hay que señalar que el famoso informe del TSJA denunciaba, entre otros, una superación del 227% del módulo de trabajo recomendado por el propio tribunal en órganos como el Contencioso-Administrativo, seguida de una desviación del 157% en los juzgados de Instrucción y del 123% en los de Primera Instancia.

A toda esta sobrecarga de trabajo, como explicaron las mismas fuentes, se ha unido la falta de implantación de la oficina judicial, lo que ha sembrado el caos en la plantilla. Se trata de un sistema que contribuye a agilizar los procesos pero que, a pesar de estar en vigor desde el 4 de mayo, no ha sido aplicado en la Comunidad Autónoma.

Obstáculos

La consecuencia de ello es que «se ha retrocedido en diez años en la forma de trabajar», puesto que muchos de los expedientes se tienen que transcribir de forma manual. Por otro lado, ni siquiera existe una fecha de aplicación, con lo que los trabajadores temen que la situación se prolongue en el tiempo. El volumen actual de procedimientos está cifrado en casi 1.000 por funcionario, y mientras que la carga se hace cada vez mayor la plantilla de los juzgados está congelada en siete personas por órgano.