PSOE y PP pactan para evitar que Batasuna vampirice las siglas de EA

Batasuna lo tendrá difícil si quiere servirse de Eusko Alkartasuna para concurrir a las elecciones municipales de 2011. Ni siquiera podrá respirar tranquila en caso de que alguno de sus miembros logre 'colarse' en las instituciones. PSOE y PP acordaron ayer introducir una reforma en la ley electoral con la que harán posible la impugnación de una lista de un «partido, federación o coalición» legal que haya sido 'colonizada' por una formación ilegalizada -algo que hasta la fecha planteaba muchos inconvenientes- y para separar del cargo a aquellos que, aun habiendo sido elegidos, no se separen de ETA.

De este modo los dos partidos mayoritarios buscan impedir que se produzcan casos como el de Iniciativa Internacionalista Solidaridad entre los Pueblos, la plataforma encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre en las europeas de 2009. Entonces el Gobierno impugnó, a través de la Abogacía del Estado, esta candidatura. Entendía que había sido infiltrada por «ETA/Batasuna» y que no era más que un «instrumento» en manos de la organización terrorista para «la consecución de sus fines». El Tribunal Supremo le dio la razón, pero el Constitucional tumbó su decisión con el argumento de que IISP no era sucesora de Batasuna y, por tanto, podía acudir libremente a sus listas.

El articulado pactado por socialistas y populares introduce dos modificaciones a fin de evitar que en el futuro la llamada izquierda 'abertzale' pueda utilizar este subterfugio, pero también el que, en su día, emplearon para concurrir a las municipales de 2007, cuando presentó listas 'blancas' y 'negras' dentro de un mismo partido, en aquel caso, Acción Nacionalista Vasca.

Así, el nuevo texto no sólo restringirá la presentación de candidaturas a las «agrupaciones de electores» que, de hecho vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado ilegal y disuelto o suspendido -como ocurría hasta ahora- sino que amplía esa prohibición también a «partidos políticos, federaciones y coaliciones» que den 'cobijo' a miembros de Batasuna. Y, además, aclara que a partir de ahora se tendrá en cuenta las similitud sustancial de las estructuras, organización, funcionamiento, de la agrupación que se presente y el partido ilegalizado, pero también de las personas que componen, rigen, representan administran «o integran cada una de las candidaturas» con las pretenda concurrir a las elecciones.

Negociación de altura

Hacía semanas que Gobierno y PP - y muy directamente el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba y el portavoz popular de Justicia, Federico Trillo- trabajaban para cerrar un acuerdo de esta envergadura. El domingo, durante la celebración en el Congreso del Día de la Víctimas del Terrorismo se pudo ver a ambos cerrar los últimos flecos de esta profunda reforma que, finalmente, selló ayer por la tarde la subcomisión para la reforma de la ley del régimen electoral general.

Una de las principales novedades del texto -quizá la que más discusión jurídica ha generado en los últimos años- radica en que hará posible privar a los concejales o diputados electos de su cargo si el partido, la federación o la coalición por la que se presentaron son declarados ilegales «con posterioridad» por sentencia judicial firme. Pero, además, se ensanchan ampliamente los márgenes de los que dispondrán la Fiscalía o la Abogacía del Estado para presentar recurso contra la proclamación de candidatos. Ahora, también podrán hacerlo durante la campaña electoral.

Estas dos instituciones podrán incluso solicitar a la sala del 61 del Tribunal Supremo que declare ilegalizado un partido, y suspenda cautelarmente la proclamación de los electos, durante el período que va desde la votación hasta la asunción oficial de los cargos. La nueva ley estipula igualmente el camino a seguir para el supuesto de que, como consecuencia la ilegalización o la declaración de incompetencia, sea imposible constituir una corporación municipal ni una comisión gestora. En ese caso, será la Diputación provincial la que asumirá la gestión del ayuntamiento.