Florida apuesta por una legislación menos polémica

El debate migratorio y sus tremendas implicaciones en el tejido social y económico de Estados Unidos se abre camino en Washington como la siguiente gran prioridad de la Administración Obama. Si bien al comienzo de las legislatura los estrategas del presidente se las apañaron para dar un cariz de urgencia política a las reformas sanitaria y financiera dejando en un discreto segundo plano -al estilo de George W. Bush- qué hacer con los doce millones de indocumentados que circulan por el país norteamericano, la aprobación hace dos meses por parte de Arizona de una polémica ley que presiona hasta límites nunca vistos al colectivo inmigrante, obliga a mover ficha a la Casa Blanca.

Tras varias sonadas intervenciones del propio Obama y del fiscal general, Eric Holder, pronunciándose en contra de la iniciativa de la gobernadora Jan Brewer, el Ejecutivo federal estadounidense tiene previsto presentar esta semana una demanda para impugnar la polémica ley SB1070 que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en ese estado del sudoeste de EE UU, según informaciones recogidas por el diario 'Los Angeles Times'. Más allá del grave problema del vertido en el golfo de México que ha concentrado las preocupaciones del país en las últimas semanas, todas las encuestas señalan que la seguridad en las fronteras y el asunto de los 'ilegales' constituyen una de las grandes preocupaciones de los votantes.

De no mediar el fallo de un tribunal a las cinco demandas que se han presentado hasta el momento, la polémica ley entrará en vigor el próximo 29 de julio. Para hacer frente al coste de la defensa en los tribunales, el Gobierno de Arizona ha logrado reunir 123.000 dólares (80.000 euros) en donaciones privadas procedentes de los cinco estados, según datos de la oficina de la gobernadora. La cifra no es muy elevada, pero da una idea de que un porcentaje importante de estadounidenses es partidario de leyes más punitivas para frenar el flujo migratorio

Tras la promulgación de la ley el pasado 23 de abril, Obama ordenó al Departamento de Justicia que revisara sus repercusiones, sobre todo por su posible impacto en los derechos civiles. La Casa Blanca no ha revelado qué argumentos utilizará para defender su caso ante los tribunales, pero expertos legales creen que alegará que el Estado de Arizona viola la Constitución al adjudicarse competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.

Reforma necesaria

La ley, que permite a la Policía detener a personas sólo por ser sospechosas de carecer de documentos, ha cosechado una acogida dispar en el conjunto de Estados Unidos, si bien las encuestas apuntan que una clara mayoría de ciudadanos quiere que Washington reforme la actual legislación por considerarla desfasada. Otros estados han anunciado medidas tan contundentes como la aprobada en Arizona. Más al sur, en México -el país de donde procede la mayoría de los indocumentados-, pero también en casi toda América Latina, la medida es ampliamente repudiada por ser altamente discriminatoria. Influyentes organizaciones cívicas hispanas defensoras de los inmigrantes luchan contra reloj para que los tribunales frenen la entrada en vigor de la ley aprobada por Arizona.

Mientras tanto, un frente integrado por políticos, líderes de opinión y responsables de grandes corporaciones se ha sumado al debate con iniciativas que buscan integrar los beneficios de la inmigración con una reforma legal acorde con los nuevos tiempos que vive el país. En esa línea, los alcaldes de Nueva York, Michael Bloomberg; el de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa; y directivos de Boeing, Disney o Hewlett Packard, entre otras, han abogado por una reforma de la inmigración que incluya otorgar estatus legal a los indocumentados.

En la presentación de la iniciativa denominada 'Alianza por una nueva economía estadounidense', Bloomberg defendió la reforma migratoria no como un arma de confrontación, sino como solución para reanimar la economía estadounidense en la que se involucren las empresas y los alcaldes de las grandes ciudades de este país.

«Los inmigrantes han sido siempre una parte esencial de la fortaleza económica de Estados Unidos», afirmó el alcalde neoyorquino, quien subrayó que «esta coalición busca un cambio en nuestra política migratoria actual, que está erosionando nuestra economía y amenaza nuestra posición como líder mundial».

Florida quiere imitar a Arizona a pesar de los quebraderos de cabeza que le está causando al Gobierno de Phoenix la ley que criminaliza a los indocumentados. Varios congresistas del Partido Republicano del estado situado al norte del golfo de México preparan un proyecto similar para frenar la inmigración ilegal.

William Snyder, un legislador de Stuart, dijo que bajo la propuesta de ley la Policía tendrá poder para pedir a las personas sospechosas pruebas de su residencia legal. «Hay componentes importantes de la ley de Arizona que planeo incorporar», declaró el congresista que presentará el proyecto a la Asamblea Legislativa estatal en noviembre.

Los líderes de la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes de Florida dijeron que es necesario un nuevo enfoque para responder «al fracaso del Gobierno federal en el control de la inmigración ilegal», según recogía el sábado el diario 'St. Petersburg Times' en su edición digital.

Fuerte respaldo

La iniciativa de Snyder tiene el respaldo de los dos principales candidatos republicanos a gobernador: el empresario Rick Scott y el procurador general Bill McCollum, cuyo despacho ayuda en la redacción del proyecto de ley.

Snyder, un ex policía, declaró que el proyecto de ley es necesario para proteger a los indocumentados que son víctimas de lo empresarios «abusivos y delincuentes violentos». Pero no quiere que su proyecto desate las mismas acusaciones de racismo que la ley de Arizona. Por eso podría modificar algunos aspectos para permitir a las autoridades verificar el estatus migratorio de una persona sólo durante un arresto o una infracción de tránsito. Se calcula que la población de inmigrantes indocumentados de Florida es la tercera mayor de EE UU, mientras que Arizona ocupa el séptimo puesto en ese ranking.