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Propietarios de la zona de Las Canteras acudirán el jueves a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz

Antonio Juncal
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Una comisión de la Asociación Administrativa de Cooperación del Polígono 1-A, en la que se integran propietarios de parcelas localizadas en la zona de Las Canteras, se desplazará el jueves a Sevilla, para mantener una entrevista con los asesores técnicos en materia de Urbanismo del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. La cita tiene como punto de partida la queja presentada en su día por la junta directiva ante Chamizo, por lo que consideran "indefensión" y "ninguneo" por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, dentro del proceso de urbanización de los terrenos.

A este respecto, recriminan a este último organismo que, según expresan, vendría aplicándoles el "silencio administrativo" a las solicitudes presentadas en el registro del Ayuntamiento. En esta misma línea, la asociación dice conocer que la Gerencia de Urbanismo "está haciendo caso omiso" a los requerimientos de la Oficina del Defensor para esclarecer los hechos que condujeron a la presentación de la queja.

Los representantes de la entidad pretender solicitar a los técnicos de dicha Oficina que el caso se traslade al Parlamento de Andalucía, al tiempo que guardan a recibir de estos instrucciones para, según expresan, "defender los derechos que como ciudadanos tienen reconocidos por la Constitución y las leyes vigentes".

En paralelo, miembros de la junta directiva se han personado en las propias dependencias de la Gerencia de Urbanismo, para reclamar el acceso a información sobre la convocatoria de una comparecencia de los propietarios ante el secretario del Ayuntamiento, con la que se pretendería determinar, según describen, el porcentaje de adhesión al proyecto de urbanización presentado por la otra asociación de vecinos en litigio.

Los afectados explican que dicha información les fue "denegada" por la asesora de dicho área municipal. "Alegó que esos documentos no nos afectaban, cuando han sido decisivos", recriminan los portavoces del colectivo. Los integrantes de la junta directiva explican que la alternativa que les habría aportado la técnica del Ayuntamiento sería "que la asociación acudiese a los tribunales".