El Gobierno y el PP suspenden la subida de la luz y acuerdan pactar la política energética

El recibo de la luz no subirá el próximo 1 de julio para 26 millones de consumidores, entre hogares, autónomos y pequeños comercios. Esta congelación es la primera pieza del pacto alcanzado entre el Gobierno y el Partido Popular para la puesta en revisión de todos los costes de la tarifa eléctrica con el objetivo de suscribir un pacto de estado sobre la energía «en el más breve plazo de tiempo posible». El acuerdo comprenderá desde el desarrollo de infraestructuras -incluidas interconexiones- a las políticas de ahorro y eficiencia energética. La producción con energías renovables tendrá que ser «económicamente sostenible».

Este entendimiento de última hora se suma a otros dos acuerdos ya cerrados por el Ejecutivo y la oposición en materia económica, el que dio origen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el suscrito entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para sacar adelante en el plazo de tres meses la reforma de la ley de órganos rectores de las cajas de ahorros.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz para asuntos económicos del PP, Cristóbal Montoro, escenificaron ayer el acuerdo en una insólita conferencia de prensa conjunta convocada con tal urgencia que se solapó con el acto de presentación de la memoria anual del sistema eléctrico. Nadie en el sector tenía la menor sospecha de tan inminente consenso.

El Gobierno hizo de la necesidad virtud. Con el sistema actual, la aplicación de la fórmula vigente hubiera conducido a subir la tarifa eléctrica nada menos que el 7,5% a los usuarios domésticos y a las pymes que han quedado voluntariamente al margen de la liberalización. El sistema vigente tiene dos elementos. Para los llamados 'peajes', que son una serie de costes fijos que determinan el 50% de la tarifa -que incluyen desde el déficit heredado a las primas a las renovables- Industria había propuesto un alza del 10%. Y, en segundo término, la puja de las comercializadoras para comprar electricidad a las generadoras arrojó el pasado miércoles aumentos del 12% en promedio respecto a la llevada a cabo seis meses antes.

De la aplicación directa de la norma resultaba un fortísimo incremento difícil de defender en plena crisis. Había que descartar esa fórmula de la manera menos conflictiva posible, porque las empresas ya daban por descontado un incremento que aliviara el cada vez más abultado desfase entre los ingresos percibidos y los costes reconocidos, una cifra que, incorporadas las previsiones de este año, alcanzará los 20.000 millones de euros.

Líneas rojas

El Ministerio de Industria optó por resucitar en 24 horas el proceso negociador con el Partido Popular para el pacto de la energía. Ambas partes dejaron al margen la confrontación política directa y los reproches socialistas que atribuyen al PP la generación del déficit tarifario cuando, por intereses partidistas, el recibo de la luz permaneció congelado varios años. Pero el Gobierno ha tenido que hacer cesiones.

Miguel Sebastián reconoció en rueda de prensa que se han levantado las 'líneas rojas' de cara a futuros entendimientos. Y la principal barrera socialista en materia energética es la participación nuclear en el parque de generación eléctrica del futuro. Cristóbal Montoro reconoció haber «rebajado la ideología» para conseguir el objetivo de que, finalmente, las familias no tengan que pagar más en el recibo de la luz a partir de julio.

Sebastián y Montoro destacaron al alimón las ventajas del entendimiento. Sin admitirlo, dejaron entrever que todo está por acordar, en un plazo indeterminado, con los objetivos de garantizar el suministro, facilitar la competitividad de las empresas, cumplir los compromisos con la sostenibilidad energética y fomentar las políticas de ahorro.

Ni el ministro ni el responsable de asuntos económicos del PP desvelaron qué ha podido cambiar en los últimos días para precipitar un entendimiento. Cristóbal Montoro dio alguna pista. «Vivimos circunstancias económicas cada vez más difíciles», dijo. Y, en realidad, pese a la protesta de los sectores implicados, el acuerdo entre Gobierno y oposición aspira a convencer a los mercados para que acepten de buen grado y a mejor precio la titulización del déficit acumulado.

Si los partidos que aspiran a la alternancia se ponen de acuerdo, las empresas eléctricas cobrarán antes o después los costes reconocidos, e invertir en ellas o en los bonos de deuda emitidos, tendrá el respaldo futuro de ese entendimiento.

Es propósito del Gobierno extender el entendimiento alcanzado con el PP a otras fuerzas políticas. Miguel Sebastián desveló los contactos que ya ha mantenido con Convergencia i Unió, a quien consideró proclive al consenso. De partida, el grupo de trabajo para acelerar los planes estará constituido por representantes del Ejecutivo central y del Partido Popular, pero se muestra abierto a otras incorporaciones.