Las empresas eléctricas critican la incertidumbre y piden un marco estable

El principio de acuerdo entre el Gobierno y el PP para un nuevo marco de política energética pilló a la representación de las empresas eléctricas por sorpresa. La primera reacción de la patronal Unesa vino por boca de Pedro Rivero, que consideró «muy grave» la congelación de la tarifa. Después vendrían ciertas matizaciones. Las compañías no están del todo seguras del efecto que la decisión puede tener en la titulización de sus derechos de cobro del déficit acumulado. Por una parte, piensan que el mercado recibirá positivamente el entendimiento entre las fuerzas políticas. Por otra, temen las consecuencias de una nueva etapa de incertidumbre. No se han marcado plazos para el acuerdo, y todo parece «demasiado improvisado».

Las dos partes van a constituir, anunció el ministro, un grupo de trabajo del más alto nivel, del que formarán parte Miguel Sebastián y el portavoz popular Cristóbal Montoro, para ir dando salida a los temas. Que el primer objetivo sea la revisión de los costes del sistema satisface parcialmente a empresas y consumidores. Las compañías han denunciado desde hace años que apenas el 50% de las cantidades que paga el usuario doméstico en el recibo de la luz llegan a sus cuentas. El resto tiene destinos tan variados como los impuestos, el reintegro del déficit acumulado, la compensación extrapeninsular o la financiación de diferentes organismos. «Podríamos ganar lo mismo facturando la mitad», comentó Rivero, en una nueva denuncia de estos 'extracostes'.

¿Aguantará el sector eléctrico una nueva congelación de las tarifas? El representante de Unesa comparó las diferentes actuaciones de la administración con los pinchazos que puede sufrir un elefante. Admite muchos, pero un día no aguanta más, observó. Reconoció que el sector necesita el aval del Estado para ir al mercado no sólo con las titulizaciones, sino también con sus planes de inversión porque «todo cuenta» y la incertidumbre es el peor enemigo cuando la financiación se basa en la confianza.

La posibilidad de que se alcance un 'pacto de estado' para la política energética fue valorada positivamente por la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), que «siempre ha defendido la necesidad de acuerdos entre los grupos políticos, dado que la regulación en materia energética debe ser a largo plazo y exceder el horizonte temporal de unas legislativas».

Añade APPA que los objetivos vinculantes que en materia de energías renovables ha marcado Bruselas, y que el Gobierno cifra en un 22,7% del consumo final bruto de energía para 2020, necesitan de una voluntad política real y un nuevo marco regulatorio que dote de certidumbre al sector. Por eso ha visto la posibilidad de que se vuelvan las tornas, y sigue insistiendo en la no retroactividad de las normas, es decir, del régimen de primas, «para no poner en riesgo las inversiones».