La Fiscalía vuelve a apuntar a Camps

La Fiscalía Especial contra la Corrupción vuelve a apuntar a Francisco Camps. Lo hace en un informe de diez páginas redactado el pasado 18 de junio en el que rechaza los argumentos del PP en contra de la inhibición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en favor del de Valencia y en el que asegura tener en su poder datos de la Intervención General del Estado que revelarían que el «gabinete del presidente» dio el visto bueno a contratos «irregulares» con empresas de la trama 'Gürtel'.

El escrito, suscrito por las dos fiscales del caso, Concepción Sabadell y Myriam Segura, asegura que «las irregularidades detectadas por la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías de la Generalitat Valenciana». «Entre otros datos -prosigue el informe fiscal- la Intervención expone la preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el gabinete del presidente».

En otro de los pasajes, Anticorrupción da más pistas de por dónde van las acusaciones, ahora directas, a Camps por los contratos públicos y adjudicaciones a las empresas de Francisco Correa y su hombre en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', amigo íntimo del presidente. Según desvela la Fiscalía, en la investigación ya se «han analizado» por lo menos «cuatro expedientes de contratación» bajo sospecha «por un importe total de 41.988,23 euros» que tuvieron «la preceptiva autorización del gabinete de la presidencia» como establece el «decreto 180/2004 del Consell de la Generalitat», que es, precisamente, el reglamento orgánico y funcional de la Presidencia de la Generalitat.

«Estos datos -insiste la Fiscalía, siempre reacia a despiezar el 'caso de los trajes' del resto del sumario- hacen preciso investigar la posible relación entre los regalos investigados en el procedimiento tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y los cargos que los imputados en dicho procedimiento ocupaban en el PPCV y/o en la Generalitat».

Unir las causas

El Ministerio Público aboga por unir la causa de los trajes con el resto de los posibles delitos porque el «avance producido en los últimos meses en el análisis de la documentación hallada (...) y la documentación remitida por distintos entes públicos ofrece nuevos datos».

Llegados a este punto en la investigación sobre la trama en Valencia, las fiscales creen imposible continuar las pesquisas sin transferir la causa al Tribunal Superior de esa comunidad para que puedan ser investigados los aforados, empezando por el propio presidente. En contra de la tesis del PP de que es preciso continuar con la instrucción antes de acordar la inhibición, Anticorrupción asegura que interrogar a los «técnicos» de la Generalitat que «elaboraron los diferentes informes» para contratar con las empresas de Correa o a las personas que no tienen aforamiento supondría una indefensión para los propios aforados, quienes no tendrían capacidad procesal para «contradecir» esos argumentos.

Aunque la Fiscalía abunda en datos que ya constan en el sumario contra miembros del Gobierno de Camps, el objetivo principal del escrito es impugnar el recurso de reforma interpuesto por el PP contra la decisión de enviar una parte del sumario a Valencia. Anticorrupción disecciona el documento de los populares. Enumera uno a uno los descalificativos que los abogados del partido dedican a la Fiscalía, al juez o a los funcionarios que les auxilian en las investigaciones y Anticorrupción recuerda al PP que los técnicos de Hacienda o la Intervención son objetivos y que «ni son ni dependen de la Fiscalía Especial». Reprocha al PP la gravedad de la «imputaciones vertidas» contra todos los intervinientes en el sumario, que además son «innecesarias para la impugnación de una resolución judicial».

Afea además al partido su falta de «corrección», máxime cuando en este proceso es acusación y no «puede ampararse en la vehemencia de la defensa». Anticorrupción recuerda al PP que la «función constitucional que a la acusación corresponde está absolutamente alejada de la posición procesal de defensa», que es la que en realidad ejerce la formación política en este proceso.