El Banco de España reclama al Gobierno medidas de ajuste más ambiciosas

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pidió ayer al Gobierno ajustes más profundos. La reestructuración y reforma del sistema financiero, junto con el ajuste presupuestario y las reformas laboral y de pensiones son -a su juicio- los cambios más urgentes para recuperar «la confianza en la economía española», pero no los únicos que deben abordarse.

Su mayor preocupación es que «la política económica responda con suficiente grado de ambición y decisión» para reparar los desequilibrios acumulados y comience la senda del crecimiento. Y, dentro de ese camino, el ajuste presupuestario y la consolidación fiscal ocupan un lugar primordial.

Las pretensiones de Fernández Ordóñez han sido contestadas y descalificadas en múltiples ocasiones por el Gobierno, incluido su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta que han llegado los decretos con ajustes y reformas, esas propuestas del regulador siempre habían sido rechazadas por «neoliberales» y «conservadoras», términos empleados por varios miembros del Ejecutivo.

El giro adoptado por Rodríguez Zapatero en su política socio-económica, atiende muchas de las demandas del gobernador. La respuesta llega a tal punto que los sindicatos aseguran que el banco emisor es quien marca la política económica y laboral de España. Las declaraciones de Fernández Ordóñez tuvieron lugar en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde comparecía para presentar el informe anual de 2009 del Banco de España.

El gobernador reconoció que la incertidumbre generada ha descendido, pero instó al Gobierno a «actuar con decisión para evitar una senda prolongada de bajo crecimiento», porque el objetivo de dejar el déficit público en el 6% en 2011 es «inamovible» e «imprescindible» para reconducir «con claridad» las finanzas públicas hacia una senda de estabilidad y «lograr disipar los riesgos que se perciben en torno a nuestra situación fiscal». En su opinión, se trata de un objetivo que no debe estar condicionado por otros factores, aunque «estén fuera del control de las autoridades, como un crecimiento económico inferior al esperado».

Y es que, el regulador recordó que el deterioro fiscal que ha sufrido España se explica en parte por el funcionamiento de los estabilizadores automáticos, las medidas discrecionales adoptadas, la fuerte inercia del gasto público y, sobre todo, por los descensos de la recaudación ligados al fin del auge inmobiliario, «que difícilmente podrán revertirse en el futuro».

Esto supone, advirtió, «que una buena parte del tamaño del desequilibrio fiscal es de naturaleza estructural, y debe atajarse con medidas muy ambiciosas». Fernández Ordóñez no dejó ahí las advertencias y dio también lo suyo a los gobiernos regionales y locales, a los que también reclama un esfuerzo de austeridad. El gobernador aseguró que «las medidas anunciadas hasta ahora por la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos están muy lejos de responder a la reducción de gasto público improductivo que necesita la economía española».

Reestructuración

Fernández Ordóñez dio cuenta también del proceso de reordenación del sistema financiero, obligado -dijo- por un claro exceso de capacidad, y señaló que el grueso del ajuste en el segmento de las cajas se ha completado ya. Queda ahora, añadió, el cambio legal que permita a las cajas dotarse de mecanismos ágiles para captar capital.

El gobernador repasó la labor del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), para detallar que de los 12 procesos de integración existentes siete se plantean con ayudas de ese mecanismo que prestará unos 10.000 millones de euros. Un dinero que servirá también para apoyar a los protagonistas a aquilatar su tamaño, pues se prevé una reducción de oficinas de hasta el 25% y de plantillas del 15%.

Otros cinco procesos no necesitan ese apoyo financiero. A fecha de hoy, 38 de las 45 cajas (39 si se incluye a Cajasur) participan este baile, que ha puesto en movimiento el 92% de los activos de este segmento. A esto se suma, matizó, los 800 millones destinados a la intervención de Cajasur y los 3.775 millones del Fondo de Garantía de Depósitos (que sale de las propias cajas) utilizados en la intervención de Caja Castilla-La Mancha. Global, afirmó, «reducido si se compara con lo aportado por los contribuyentes de otros países». El Banco de España -dijo- publicará «lo más pronto posible» los test de estrés de las entidades nacionales, aunque siempre en el marco comunitario.