Campaña de rebajas electorales

Las costosas precampañas electorales tienen los días contados. PP y PSOE avanzan en la propuesta que lanzó a principios de mes Mariano Rajoy para reducir «a la mínima expresión» los gastos en publicidad de todos los partidos. Una cifra que en 2008 ascendió a 67,7 millones de euros, un 16,6% más que en 2004, según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Los populares quieren podar esta cifra en un 30%. Sostienen que sería incongruente exigir a las administraciones públicas, funcionarios y pensionistas planes de austeridad sin dar ejemplo desde las organizaciones políticas que representan a esos colectivos sociales o sustentan a esos gobiernos.

El objetivo es apretarse el cinturón para estar en sintonía con una sociedad a la que se reclaman sacrificios casi a diario. Los primeros encuentros han sido positivos. Ana Mato, vicesecretaria de Organización del PP, ya se ha reunido con el número dos del PSOE, José Blanco, y con los portavoces parlamentarios de PNV y CiU, Josu Erkoreka y Josep Antoni Duran i Lleida. En la primera toma de contactos se habló más de fechas que de dineros. De inicio, los cuatro grupos coinciden en la necesidad de ceñir la publicidad electoral a los 15 días oficiales de campaña electoral.

No es poco pues supondría dejar de contratar publicidad en soportes exteriores y en medios de comunicación más allá de este periodo. Se rompería la tendencia de las últimas convocatorias, que han contado con caravanas proselitistas con casi seis meses de antelación a la cita con las urnas. Y eso cuesta. Al PP, en concreto, 22,7 millones de euros en 2008. Remozar la marca 'ZP' costó al PSOE 19,2 millones de euros, aunque a esta cantidad hay que añadirle lo que desembolsaron los socialistas catalanes, que tienen contabilidad propia.

Créditos

Sumas sustanciales que, en teoría, deben salir de las cuotas de los afiliados y de las asignaciones que el Estado otorga a los partidos, que fluctúan en función del número de votos logrados en los comicios anteriores. Lo cierto es que ninguna tesorería contó con los remanentes necesarios para hacer frente a esta inversión, apenas sufragaron 23 millones de los 67,7 del monto global. El resto lo obtuvieron recurriendo a las entidades financieras para obtener 44,6 millones de euros en préstamos. Su endeudamiento, pues, volvió a crecer y eso chirría en tiempos donde se clama por la austeridad en todos los ámbitos.

El anuncio de Rajoy sonó, inicialmente, a «populismo» en las filas socialistas aunque enseguida se desdijeron y apostaron por la negociación en la subcomisión parlamentaria de reforma de la ley electoral. Se trabaja de cara a las autonómicas y municipales de 2011, lo que en principio dejaría fuera la campaña de los comicios catalanes, previstos para el próximo otoño.

Las formaciones nacionalistas ya han advertido de que se apuntan a reducir los días de 'batalla', pero tienen serias dudas en arbitrar los mecanismos que reduzcan los ingresos, como consta en el documento de trabajo que Mato entregó a sus interlocutores. El texto plantea, mediante una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, minorar -también en un 30%- las subvenciones para gastos electorales que cada partido, federación, coalición o agrupación electoral recibe en función de sus resultados electorales de acuerdo con las reglas concretas establecidas en cada proceso electoral.

Propone, asimismo, otro tijeretazo de un 25% en los gastos de envío personal y directo de propaganda y publicidad electoral en las condiciones legalmente previstas. El PP también aspira a limitar la publicidad exterior y en medios de comunicación a un 20% del límite máximo de gastos.

La formación que preside Rajoy quiere borrar cualquier sombra que abrigue dudas sobre una presunta financiación ilegal en algunas organizaciones territoriales del PP. Por ello, en esta iniciativa también adjuntan la necesidad de dotar al Tribunal de Cuentas de los medios necesarios para que lleve a cabo su tarea fiscalizadora de las cuentas de los partidos de forma más exhaustiva y así dificultar operaciones de maquillaje o contabilidades paralelas.

Ana Mato también advirtió al resto de formaciones de la necesidad de que, si al final se firma un gran pacto para reducir el gasto electoral, éste debe respetarse también en todas las comunidades autónomas, cuya legislación electoral debería ajustarse en igual sentido y por idénticos motivos.