El año del ajuste brutal

La economía española afronta en 2011 un ajuste brutal. Las administraciones públicas tendrán que apretarse el cinturón para ahorrar 18.000 millones de euros adicionales y bajar hasta el 6% el déficit público, que alcanzó en 2009 el 11,2% del PIB y cerrará 2010 en el 9,3%, según el objetivo de estabilidad del Gobierno. La meta está clara. Aunque el Ejecutivo central y las comunidades siguen sin detallar qué partidas de gasto sufrirán el tijeretazo, los sistemas sanitario y educativo, la dependencia y otros gastos sociales llevan las de perder.

La Unión Europea reclamó a España el martes pasado que concrete su recorte de gasto hasta 2011 para cumplir la primera fase del plan de consolidación fiscal que debería culminar en 2013 con un nivel de déficit inferior al 3% del PIB, de acuerdo con el pacto de estabilidad. Bruselas quiere que el Ejecutivo detalle un ahorro para 2011 equivalente al 1,75% del PIB (unos 18.000 millones), adicional a los 15.000 millones que saldrán de la rebaja de sueldos de los empleados públicos, la congelación de las pensiones y el resto de medidas de choque aprobadas en mayo.

Un punto porcentual de ese nuevo recorte -más de 10.000 millones- ya estaría contemplado en la reducción del techo de gasto del Estado, que en términos homogéneos disminuirá un 7,7% y pasará de 132.442 millones en 2010 a 122.256 millones en 2011. Ahorrar el 0,75% restante -8.000 millones- es tarea de las autonomías y corporaciones locales. Las comunidades se comprometieron en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CFF) a apretarse el cinturón por 11.000 millones en lo que queda de este año y el próximo, pero sin decir dónde aplicarán la reducción.

La gran pregunta es ¿queda en algún sitio algo de grasa que eliminar para aligerar el sector público? La respuesta se antoja difícil. En lo que toca a la administración central, un portavoz del Ministerio de Economía, que lidera Elena Salgado, aseguró que «el Gobierno no concretará esas medidas hasta que presente los presupuestos generales del Estado para 2011».

El 22 de marzo, el CFF decidió crear un grupo de trabajo con representantes de las comunidades y de los Ministerios de Economía y Política Territorial con el objetivo de identificar medidas para optimizar el gasto público. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, declaró que sanidad, educación, dependencia y personal centran la atención de esos expertos, que comunicarán sus conclusiones la primera quincena de julio.

Sin duda, el servicio con más posibilidad de recortes es sanidad, principal generador de gasto para las comunidades. Fuentes próximas al grupo de trabajo aseguran que varias autonomías proponen la instauración del copago sanitario, consistente en que el paciente asuma parte del coste de la atención médica cada vez que va al ambulatorio. Las de menor tamaño estudian prestar conjuntamente servicios. Una opción barajada es compartir los más costosos. De salir adelante, ciudadanos de comunidades pequeñas tendrían que desplazarse a hospitales de regiones vecinas para recibir tratamientos. La educación pública también está bajo examen.