LA REFORMA LABORAL ROMPE LA FAMILIA SOCIALISTA

La reforma laboral rompe la familia socialista. La falta de acuerdo ha supuesto un revés importante para los sindicatos mayoritarios, que perciben que su protagonismo institucional merma, aunque son todos los interlocutores implicados (Gobierno, CEOE, Cepyme, CC OO y UGT) en el diálogo social los que ven deteriorada su imagen. Han demostrado escasa valía y capacidad para el consenso en momentos muy críticos.

Uno de los peores tragos es para UGT que ve cómo ha saltado por los aires la armonía que mantenían el partido y el sindicato 'hermano'. Mientras tanto, la unidad de acción entre las dos centrales más importantes vive momentos idílicos. No sólo son los líderes de ambas organizaciones, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, quienes lo aseguran, también las federaciones y uniones territoriales lo sustentan.

La situación es preocupante. Algunas voces de la central socialista advierten de que «¡ojo!, no se vuelva a repetir aquella confrontación insalvable» que durante años enfrentó al anterior secretario general de UGT, Nicolás Redondo, con el líder del PSOE y jefe del Ejecutivo desde 1982 hasta 1996, Felipe González.

Redondo denunció y mantiene todavía que González hizo una política económica impropia de los socialistas. Aseguró no reconocer en el presidente del Gobierno al Isidoro con el que compartió lucha e ideales en la clandestinidad. Isidoro era el apodo utilizado por Felipe González en los últimos años del franquismo.

La inquietud se extiende al PSOE. Varios diputados socialistas procedentes de la UGT se sienten traicionados por el Gobierno por abaratar y facilitar el despido. Incluso se preguntan qué hacer a partir de ahora. El ex secretario general de CC OO, Antonio Gutiérrez, que ocupa un escaño por el PSOE, defiende que el grupo parlamentario actúe con independencia frente al Gobierno. Gutiérrez ocupó el máximo sillón de Comisiones entre 1987 y 2000 y convocó, junto con Nicolás Redondo, las huelgas generales de 1988, 1992 y 1994 contra la política económica de González.

Cándido Méndez asegura a su organización que hizo «todo lo posible por el entendimiento en la mesa de negociación». Tras el fracaso del paro de 24 horas de los empleados públicos comentó ante un grupo de allegados la necesidad de poner toda la carne en el asador para alcanzar un acuerdo, consciente de que era preciso evitar un segundo fracaso en la misma legislatura. Cerró los ojos a la realidad y fue el principal artífice del optimismo que en la madrugada del 10 de junio cundió en torno a que el pacto estaba al alcance de la mano. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que esa noche «ni sindicatos ni empresarios movieron posiciones». «Se llamó a los asesores de CC OO y UGT -continúan- para ver si se conseguía algún avance, pero fue inútil».

Nivel bajo

Comisiones, en su defensa, asegura que el nivel de conocimiento de la legislación laboral entre los interlocutores era «muy bajo». Hablaban de medidas sin analizar las consecuencias de su aplicación, desvela. Algo parecido a lo que ocurrió a última hora del pasado martes, cuando el presidente Rodríguez Zapatero, conocedor ya de que no se libraba de la huelga general, radicalizó su postura y defendió la imposición del denominado contrato único, con una indemnización inferior a cualquiera de los despidos existentes antes de la entrada en vigor de la reforma. Sólo entonces el Ministerio de Economía se dio cuenta de la imposibilidad técnica de poner en marcha semejante propuesta, apunta aliviado un portavoz de Comisiones, quien espera que la experiencia haya sido lo suficientemente profunda como para «desechar de por vida el famoso contrato único».

Quién tuvo la culpa de la ruptura. Los sindicatos aseguran que pusieron encima de la mesa de negociación medidas «muy generosas» como la reducción de cotizaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional, que en definitiva reducían los costes laborales de los empresarios. Federaciones de UGT instaban a su 'jefe' desde hacía semanas a que «se olvidara del corazón» y mantuviera «dureza contra el Ejecutivo». En CC OO tampoco vieron con buenos ojos esos planteamientos. El sector que se autodenomina 'crítico' consideraba que de aceptarse las medidas sindicales «su contenido iba a ser difícil de explicar a las bases». Pero la falta de entendimiento ha dado al traste con ambos criterios e incertidumbres.

Así las cosas, los sindicalistas han dado un paso más, fuera ya de la negociación y de la convocatoria de la huelga general del 29 de septiembre. Cargan las tintas contra el Gobierno. Piden cambios en el Gabinete. Primero se escuchó a Toxo, pero a continuación habló el líder de UGT en ese sentido, declaraciones que sentaron mal en el PSOE. «Al menos podía callarse», indicaron desde la sede del partido.

Toxo y Méndez son conscientes de que los acuerdos del diálogo social (foro de debate y negociación entre Gobierno, empresarios y sindicatos) fortalecen su papel institucional y dan razón a su existencia. En otras épocas, el sistema de diálogo social español ha sido un modelo exportado y valorado en la Unión Europea (UE). Pero su fracaso en esta legislatura, primero en 2009 y después en 2010, ha supuesto el mayor deterioro de la imagen sindical sufrido en los años de democracia.

Transparencia

CC OO y UGT se han hecho eco de parte de las críticas, algunas demoledoras sobre el dinero que manejan. Preparan informes que harán públicos en próximos días para «explicar a la sociedad qué es un delegado, un miembro de comité y, en especial, un liberado». «Igualmente trasladaremos con total transparencia nuestra manera de financiación, recordando la Constitución y las leyes, que no sólo contemplan subvenciones a los sindicatos, sino que también lo hacen con los partidos políticos y con las patronales», añadieron miembros de sus servicios técnicos.

Las centrales también han de justificar la convocatoria de una huelga general a tres meses vista, después del varapalo de la movilización de los empleados públicos, mal planificada y desarrollada desde las federaciones. Toxo y Méndez señalan que el fracaso de la reforma laboral se ha constatado avanzado junio. En este proceso no descartan que la mano del Gobierno alargara intencionadamente las reuniones «a sabiendas de que el acuerdo era imposible por las aspiraciones del propio Zapatero, dispuesto a satisfacer las demandas de las instituciones y de los mercados».

Ambos sindicatos recuerdan que una huelga general no se convoca en 10 días. Insisten en que es preciso acudir a las empresas y a los centros de trabajo para explicar las razones del paro. Piensan calentar motores con actos reivindicativos (asambleas y manifestaciones) el 30 de junio y con una concentración masiva el 9 de septiembre. A la vez, esperan que el bolsillo de los empleados públicos que secundaron la huelga del 8 de junio se recupere algo del recorte retributivo, adicional al establecido por el Gobierno, que les supuso su paro sectorial.