Zapatero renuncia a imponer otro 'decretazo' para cambiar el sistema de pensiones

Se acabaron los 'decretazos'. Al menos, en materias hipersensibles. Eso es lo que ayer prometió José Luis Rodríguez Zapatero: que la controvertida reforma del sistema de pensiones, píldora difícil de tragar para sus huestes, se tramitará con normalidad como proyecto de ley en un proceso de diálogo, debate y enmiendas en el Congreso y en el Senado. «Esta es una materia muy necesaria, pero no tan urgente como puede ser la reducción del déficit -defendió-; hablamos de una reforma que se hace pensando en los próximos 15, 20 ó 30 años».

En realidad, el cambio del sistema de pensiones es otra de las exigencias que la Comisión Europea ha hecho a España y un asunto sobre el que tiene la lupa. Pero en el PSOE hay inquietud por ese recurso excesivo a una fórmula legislativa concebida para afrontar situaciones de urgencia y extrema necesidad, pero que a la postre se ha utilizado de forma laxa y que tiende a asociarse con un modo de gobernar claramente autoritario, poco democrático. Eso explica también que el Ejecutivo haya accedido a que, una vez convalidado, el decreto de reforma laboral se tramite como proyecto de ley.

La decisión -ésta y la anterior- entraña riesgos importantes para Zapatero. Cuando aprobó el decreto de recorte del gasto que congeló las pensiones de 2011, rebajó el salario a los funcionarios y limitó enormemente la inversión pública, se opuso a la tramitación como proyecto legislativo porque lo que se necesitaba era lanzar un mensaje de determinación férrea a los mercados, y entrar a negociar con los grupos, habría implicado descafeinar las medidas. A su juicio, las exigencias con la reforma laboral no son tan extremas, algo en lo que no están de acuerdo todos los socialistas.

En público, sólo se ha atrevido a decirlo el ex ministro de Economía Pedro Solbes. Amén de expresar sus dudas de que la propuesta gubernamental sea «suficiente», apuntó este jueves que no le parece buena idea que su aplicación se retrase unos meses. En realidad, la reforma una vez publicada en el BOE ya está en vigor, pero de manera provisional y pendiente de las enmiendas de los grupos parlamentarios. Ese detalle, a juicio de algunos, mantiene viva la incertidumbre de los organismos internacionales. En el círculo más próximo de Zapatero también se dio esta discusión.

La semana pasada el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, trabajaba con la idea de intentar convencer a los grupos para que facilitaran la aprobación del texto, que debe ser convalidado este martes, pero renunciaran a su tramitación como proyecto. El lunes, en la reunión de 'maitines' que se celebra cada semana en la Moncloa, José Blanco defendió lo contrario. Su argumento principal, según fuentes próximas al vicesecretario general de los socialistas, era que no se podía correr el riesgo de recibir un varapalo del Tribunal Constitucional como el que en su día, se llevó José María Aznar por su 'decretazo' laboral, eso sí, de manera diferida y cuando ya ni siquiera estaba en el Gobierno.

En 2007, el máximo intérprete de la Carta Magna declaró inconstitucional el decreto de la reforma laboral de 2002, en contra del criterio de los sindicatos, porque no estaban justificadas las razones de urgencia. Fue, además, la respuesta a los recursos de la Junta de Andalucía, presidida entonces por Manuel Chaves, y por diputados del PSOE, IU y el Grupo Mixto. Incurrir ahora en lo mismo que tanto criticaron era, según Blanco, un error. Y Zapatero aceptó su planteamiento.

El presidente del Gobierno es consciente, en todo caso, de que España está siendo escrutada de cerca y que no se puede permitir grandes demoras. Por eso, pese a su promesa sobre las modificaciones en el sistema de pensiones aseguró que su deseo es que se haga «lo más rápido posible».

Imponer ritmos

«No parece -dijo junto al director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn- que el Gobierno deba imponer ritmos al Parlamento, más bien ha de ser al contrario; no en vano, el grupo socialista hará todo lo posible por agilizar la reforma». Además, remarcó que el Gobierno mantiene incólume su propuesta, que consiste en subir de los 65 a los 67 años la edad de jubilación y que el cálculo de la cuantía a percibir se realice sobre el período real de cotización y no por los últimos 15 años.

Algo parecido es aplicable a la reforma del mercado laboral. Zapatero alegó que el Gobierno «siempre» contempló que se tramitara como proyecto de ley. Sin embargo, añadió que «ese proceso ha de ser lo más rápido posible y si hay que trabajar en julio y agosto, habrá que trabajar». Los decretos que se tramitan como proyecto de ley siguen, por norma, la vía de urgencia. Pero, según fuentes de la Vicepresidencia Primera, incluso por ese cauce sería difícil que el texto esté aprobado antes del otoño. Y el jefe del Ejecutivo querría que todas las reformas estén listas para esa fecha, de modo que el marco «esté claro».