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José Manuel Campa. :: EFE
Economia

Economía frena la imposición del contrato único

Zapatero quiso incluir una propuesta de 'los cien' que abogaba por establecer sólo una modalidad de empleo

E. G.
MADRID.Actualizado:

La imposición de un contrato laboral único, con un coste de despido más bajo que los existentes para las colocaciones indefinidas, estuvo encima de la mesa hasta pocas horas antes de que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero diera su aprobación al decreto con la reforma laboral. El proyecto siempre interesó a la CEOE y a una serie de expertos, como a los firmantes del denominado «manifiesto de los cien», entre los que figuraba el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. Pero fue precisamente este Ministerio el que frenó su aprobación.

Los autores del contrato único argumentan en su defensa que su aplicación terminaría con la dualidad existente en el mercado de trabajo español. Desaparecería la brecha y las diferencias entre los ocupados con contratos con fecha de caducidad que les impide afrontar una vida normal, basada en una estabilidad económica, y los indefinidos que, a juicio empresarial, cuentan con un coste del despido «muy alto», lo que desanima a las empresas a aumentar las plantillas.

Los economistas del manifiesto acudieron a la Moncloa el pasado lunes. En principio se trataba de una reunión «secreta» y «privada» con Rodríguez Zapatero. Pero la celebración del encuentro se filtró más tarde. El jefe del Ejecutivo les escuchó con atención. Los visitantes salieron convencidos de que el contrato único podría tener éxito.

Esa modalidad de empleo llevaría implícita una indemnización por despido durante el primer año de vigencia similar a la aplicada a las colocaciones temporales que con el decreto de reforma pasan de ocho a 12 días. Después aumentaría progresivamente pero al alcanzar una cantidad determinada quedaría topada y siempre sería inferior a los 33 días del contrato de fomento del empleo.

Expertos

Los expertos del manifiesto también forman parte, en su mayoría, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), inspirada por el Banco de España y financiada por las grandes empresas, aunque aseguran emitir opiniones independientes. Efectivamente el presidente Rodríguez Zapatero valoró la propuesta que, en su día, fue vista con buenos ojos por parte del Ministerio de Economía. Sin embargo, pronto surgieron los problemas para aplicarla.

Entre ellos, la eliminación de todos los contratos temporales unida a la falta de tiempo para actuar con serenidad. Hubo voces que apuntaron que no se pueden adoptar decisiones de esta envergadura la noche antes de aprobar el decreto. Opinaron que las horas previas a un decreto deben dedicarse a ajustar ideas e incorporar resultados de la negociación con los agentes sociales. Así después de horas de debate, el contrato único quedó en el cajón.

El ex secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, ahora miembro de la Fundación socialista Ortega y Gasset, recalcó que la principal dificultad del contrato único «es que no se aplica en ningún lugar del mundo». «Existe algo en Dinamarca, pero este país se caracteriza por contar con un despido simbólico». Fuentes del Ejecutivo se sumaron a esta opinión. Mientras tanto, en el grupo de expertos existe malestar. La difusión de la visita a Moncloa no fue bien acogida. El catedrático Juan José Dolado lamentó la situación y recalcó que su trabajo es «la investigación» y no aclarar el contenido de la entrevista con Zapatero.

Este ha sido el episodio final de una larga trayectoria de negociaciones. Hace dos años que Gobierno, empresarios y sindicatos firmaron en la Moncloa una declaración en la que se comprometieron a realizar esfuerzos conjuntos para impulsar el empleo. Eran los albores de una crisis financiera que se trasladó más tarde a la economía con extraordinaria virulencia. El primer fracaso llegó en julio de 2009, cuando los interlocutores sociales constataron su imposible entendimiento. El resultado de la segunda etapa de diálogo, iniciada el pasado febrero, se ha saldado con plena confrontación y un decreto que sólo satisface al Ejecutivo.