El Gobierno lanza la reforma laboral

El Gobierno ha impulsado hoy la reforma laboral en un doble sentido: la ha puesto en órbita, a la espera de que encuentre apoyos suficientes para que el decreto-ley pase la prueba de la convalidación parlamentaria el día 22, y la ha escorado un poco más en el sentido flexibilizador, que es al cabo de lo que se trata con esta medida. En efecto, el abaratamiento del despido alcanza ya a los contratos indefinidos, que también se beneficiarán del pago de ocho días a cargo del FOGASA (hasta ahora el recorte sólo se aplicaba a los contratos de inserción) y se alivian los requisitos de las empresas para realizar despidos objetivos: en la norma se afirma que bastará con que demuestren pérdidas, por lo que el juez que valore la procedencia de la rescisión contractual no tendrá que atenerse al límite temporal de seis meses ininterrumpidos de malos resultados para convalidarla.

Además, el Gobierno ha confirmado su decisión de tramitar la reforma como proyecto de ley. Y ha sacado de ella el llamado modelo austríaco -el fondo personal de cada trabajador que servirá para financiar los despidos-, que había de entrar en funcionamiento en 2012, para que sea tramitado como ley aparte. En definitiva, el Ejecutivo ha implementado con plausible energía la primera de las grandes reformas estructurales que tienden a conquistar la productividad que nos permita remontar la situación y plantear con fundamento el necesario cambio en el patrón del desarrollo económico.

Obviamente, la reforma es opinable pero no hay duda de que contiene los incentivos al empresariado que actuarán como estímulo de la actividad y como herramienta útil de reducción del desempleo en cuanto la coyuntura ofrezca las mínimas oportunidades. En estas circunstancias, los grandes grupos centrales de la oposición -PP, CiU y PNV- no tienen más remedio que permitir que la reforma, que supone un claro avance sobre la situación precedente, levante el vuelo. Las objeciones, que las tendrán sin duda y bien fundadas, habrán de tramitarse más adelante, cuando se someta la norma al correspondiente debate parlamentario.