Huelga veraniega

Los sindicatos se encuentran en una delicada e incómoda encrucijada: de un lado, son seguramente conscientes de que en la actual coyuntura este país no puede demorar una modernización de su sistema de relaciones laborales que nos acerque a los parámetros europeos; además, tras el fiasco de la huelga del sector público el pasado día 8, son conscientes de que el cuerpo social no está para movilizaciones. De otro lado, las organizaciones sindicales saben que si pasan por alto esta reforma no pactada y se resignan a ella sin protestar, perderán buena parte del escaso ascendiente que aún poseen sobre el sistema socioeconómico de este país.

Esta dualidad explica cierta esquizofrenia en la actitud sindical. Los líderes se decantan por la huelga general pero la aplazan hasta finales septiembre para coincidir con otras movilizaciones europeas y para “tener tiempo de prepararla” en los centros de trabajo, pretexto bien poco convincente. ¿O acaso quiere decirse que para que el paro se produzca hay que organizar meticulosamente los ‘piquetes informativos’?

No es difícil de ver que los sindicatos se agarrarían a cualquier clavo ardiendo que les permitiera subirse al carro de la reforma y abandonar la idea de la huelga. Pero no es probable que tengan tal oportunidad: la negociación parlamentaria de la ley ulterior al decreto, que dará voz a la oposición conservadora, servirá, si acaso, para acentuar la flexibilización del mercado laboral y descentralizar aún más la negociación colectiva. Lo que hará inviable el apaciguamiento sindical.

El problema, en fin, no parece tener solución: los sindicatos han perdido una oportunidad magnífica de ser partícipes de la solución de la crisis económica y ahora, para salvar la cara, tendrán que aparecer como rémoras del progreso. El precio que pagarán por ello en términos de representatividad y prestigio será en todo caso muy elevado.