LEGALIZADAS, PERO CON LIMITACIONES

El Jerez rural lleva muchos años aspirando a la legalización de sus asentamientos. Ahora, por fin comienza a ver la luz. «Hemos dado el primer paso y la legislación nos ampara», explica el delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol. Para ello, se ha recurrido a la figura del hábitat rural diseminado, algo que ha sido aprobado por la Junta. El documento que irá para su visto bueno al próximo pleno o a más tardar al de julio, lo tiene todo previsto para que se puedan regularizar unas 630 viviendas del total de 900 afectadas.

El Ayuntamiento está plenamente convencido de que se ha iniciado un camino imparable, aunque no se atreve a dar plazos sobre un proceso enormemente complejo. Lo que sí tienen meridianamente claro las administraciones, tanto la Junta como el Consistorio, es que a partir de esta legalización no se van a permitir nuevos desarrollos o asentamientos. «Queremos dar respuesta a lo que ya hay, pero restringiendo de cara al futuro la posibilidad de más construcciones que den lugar a nuevos asentamientos», indicó el delegado de Urbanismo.

Las administraciones son conscientes de que si no se pone coto a la transformación de estos asentamientos, en el futuro podrían demandar infraestructuras similares a las de otros núcleos consolidados, como nuevos centros de salud, colegios y un largo etcétera.

En cualquier caso, quiso recordar Juan Pedro Crisol, «éste es el primer gobierno que ha buscado soluciones y está dando respuesta» a esta necesidad del Jerez rural.

El futuro de la zona rural

En el documento que irá a pleno, al que ha tenido acceso este medio, viene perfectamente diseñado cuál será el futuro de estos núcleos rurales diseminados: Cuartillos, Gibalbín, La Inmaculada, Añina, El Polila, Las Tablas, Baldío Gallardo, El Mojo, Las Pachecas, Puente de La Guareña, Rajamancera-Cañada de León y Mesas de Santa Rosa-Pozo Romano.

Los «beneficios» de la legalización de las viviendas, señala el documento, «son evidentes». En primer lugar, poder efectuar obras de reforma en las mismas; en segundo, obtener los títulos de propiedad que permitirán a su vez poder solicitar préstamos con garantía hipotecaria para así financiar tanto las reformas en las edificaciones como el propio coste derivado de la legalización.

Trazado alternativo

También se tiene en cuenta que la mayoría de los asentamientos están situados sobre terrenos de dominio público (vías pecuarias), por lo que «en beneficio del interés común no deben resultar sacrificadas». De ahí que haya que asegurar una compensación, mediante la creación de un trazado alternativo que permita su continuidad e integridad. Y es que uno de los objetivos que persigue el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) es tratar de congeniar el interés público con el privado de las personas que tienen fijadas sus casas en estos asentamientos. Por ello, serán los propios afectados los que «deben soportar en buena medida el costo de la operación», señala el documento que irá a pleno.

A continuación, se ahonda en los antecedentes de estos núcleos diseminados, que se remontan a principios del siglo XX con los proyectos de colonización y puesta en marcha de regadíos. Fue en los años 30 cuando los colonos comenzaron a levantar las chozas, aunque el cambio de tendencia que dio lugar al paisaje actual no llegó hasta el periodo comprendido entre los años 1975 y 1984. El mundo rural, con la mejora de infraestructuras y equipamientos, comenzó a «ser un entorno interesante para tener una segunda residencia».

El documento hace una rigurosa clasificación de todos estos asentamientos antes de entrar en la estrategia de reordenación de vías pecuarias y núcleos dispersos. Luego se describe el proceso de regularización, que comienza por la desafectación del tramo o vía pecuaria por parte de de la Consejería de Medio Ambiente. En este sentido, en el anexo de vías pecuarias, se incluyen propuestas de trazados alternativos para todos y cada uno de los tramos de las vías que afectan a los hábitat diseminados.

En todos los casos, se especifica, se hace referencia a «suelos urbanos no consolidados por no comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisas».

Freno urbanístico

Un punto importante, en consonancia con las palabras del responsable de Urbanismo, es que todas las actuaciones estarán de acuerdo con lo establecido por la Ley de Suelo de Andalucía. Ahí todo queda muy claro: «Se debe asegurar la no inducción a la formación de nuevos asentamientos, considerando que inducen a ello los actos de realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones (...) que sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras de servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo».

Urbanismo con freno es la filosofía por tanto de estas actuaciones que normalizarán al fin la situación de miles de familias. Además, en muchas de ellas (Cuartillos, Gibalbín, Las Pachecas o Las Tablas, por citar algunas) se llevarán a cabo planes especiales con zonas verdes, mayor equipamiento y urbanización de las calles. Algo que tendrán que desarrollar los propietarios dentro del plan.