Guerra fiscal autonómica Pesimismo creciente

El anuncio de Mariano Rajoy, garantizando que «ninguna comunidad del PP va a subir los impuestos», contrasta con la sucesión de iniciativas para modificar el cuadro fiscal por parte de gobiernos autonómicos regidos por los socialistas. La potestad que Cataluña, Andalucía o Extremadura tienen para proceder a una mayor presión impositiva en el tramo descentralizado del IRPF o en otras fórmulas de recaudación responde a la necesidad con la que las distintas comunidades autónomas puedan encontrarse para adecuar su fiscalidad a las condiciones específicas de su realidad económica y social. Pero parece evidente que la discusión actual sobre posibles cambios tributarios adquiere un sesgo ideológico o de oportunidad en torno a medidas que no necesariamente persiguen resultados beneficiosos para la marcha de la economía regional y para el interés común de su ciudadanía. Basta comparar la altura de ingresos a la que Cataluña, Andalucía y Extremadura han situado el listón por encima del cual se aplicarían las modificaciones fiscales para concluir que sus respectivos planteamientos no obedecen a consideraciones objetivas que contribuyan al diseño de una reforma tributaria progresiva. Como sería arbitrario equiparar a quien en Puigcerdá perciba 100.000 euros anuales con quien en Morón de la Frontera ingrese 80.000 y en Almendralejo 60.000. El debate respecto a un eventual incremento de la presión fiscal sobre los ingresos salariales más notables y sobre las rentas más altas debería ceñirse a dos criterios previos. Por una parte, debería responder a la previa consideración de los efectos económicos que comportaría más allá de la recaudación, dejando de lado argumentos de justicia redistributiva que pudieran venirse abajo por las consecuencias reales una determinada medida impositiva. Por la otra, las condiciones de excepcionalidad que están viviendo la economía y la sociedad española aconsejan que las decisiones que se adopten sobre presión fiscal alcancen al conjunto del país. En este sentido, a estas alturas del año, sería más razonable reconducir el debate suscitado hacia la discusión en torno al proyecto de Presupuestos que disponga el gobierno de Rodríguez Zapatero para 2011.

El paro continúa siendo la principal preocupación de los ciudadanos, según el último Barómetro del CIS, que también detecta una subida de 4,1 puntos en los que muestran su inquietud por los problemas económicos. El 80% de los consultados señala el desempleo como el gran problema del momento presente pero el incremento del pesimismo que crece de cara al futuro hasta un 29% -dos puntos más que en el mes anterior- refleja que el conjunto de los españoles se muestra muy decepcionado respecto a la posibilidad de superar la actual situación de crisis. Aunque las encuestas fueron realizadas entre el 4 y el 13 de mayo, en una semana muy adversa para la economía y coincidiendo con el anuncio del Gobierno de las medidas de recorte, los indicadores de opinión muestran una tendencia pesimista que se va agravando con el paso del tiempo. Ése es precisamente el punto neurálgico en que Gobierno y responsables políticos deberían incidir porque indica que, pese a las medidas que se van adoptando, no se consigue insuflar en los ciudadanos las necesaria dosis de confianza. Y puesto que la economía es en buena parte un estado de ánimo, es apremiante contagiar a la sociedad una actitud positiva para encauzar sus energías en la salida de la recesión.