Bicentenario del Cuerpo de Estado Mayor

Las Cortes de Cádiz reunidas en plena Guerra de la Independencia, iniciaron su Revolución liberal burguesa aprovechando el vacío de poder que entonces había en España. Se propusieron crear un marco jurídico que permitiera acabar con el Antiguo Régimen. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 propiciaron un profundo cambio de la sociedad española, incluidos lógicamente, el Ejército y la Marina. Una de las más importantes reformas militares llevadas a cabo en aquella época fue la creación del Cuerpo de Estado Mayor. De siempre, los jefes militares han tenido sus órganos auxiliares de mando, expertos en táctica, estrategia, logística y administración militar, aunque no es hasta el siglo XIX cuando la extensión del campo de batalla, y la creciente complejidad del arte de la guerra los hace aún más necesarios. El teniente general Joaquín Blake, malagueño de ascendencia irlandesa, quien tenía una gran experiencia y una densa acumulación de conocimientos profesionales, propuso la creación de un Cuerpo especializado que pusiese a sus miembros en situación de poder entender y satisfacer las necesidades de los ejércitos y sus generales en campaña, cuidadosamente preparados y políticamente leales al nuevo orden liberal. Su propuesta se elevó al Consejo de Regencia de España e Indias, el 25 de mayo de 1810, resultando aprobada la creación del Cuerpo de Estado Mayor por Real Orden, dada en la Isla de León el 9 de junio de 1810, siendo su primer jefe el general Blake.

El absolutismo nunca quiso aceptar este nuevo cuerpo, porque detrás de él estaba el espíritu racional e ilustrado de la burguesía liberal. Por eso, el Cuerpo de Estado Mayor fue disuelto con el regreso de Fernando VII a España y con la reinstauración del orden absolutista. De nuevo fue organizado durante el trienio liberal, y nuevamente disuelto al comenzar la década absolutista, para ser reorganizado por tercera vez y de forma ya definitiva en 1833.

Entre las misiones del nuevo cuerpo se encontraban también las relacionadas con la geodesia, topografía y cartografía, incluyendo el levantamiento de mapas, planos, croquis y descripciones geográficas. El llamado Depósito de la Guerra, y su sucesor, el Servicio Geográfico del Ejército, eran parte del Estado Mayor. Este último Servicio hasta la creación del Geográfico Nacional, fue el encargado del levantamiento geodésico y planimétrico del territorio nacional y de sus colonias.

En 1863 Villamartín describía las cualidades que debía reunir un oficial de Estado Mayor: «Oficiales de una esmerada instrucción, tácticos en todas las armas, conocedores profundos del arte de la guerra, prácticos en todos los detalles del servicio, en todas las minuciosidades de la organización y economía de un ejército, hombres de ciencias y conocimientos extraños a la milicia, versados en idiomas, familiarizados con la geografía y estadística, y sobre todo, matemáticos profundos».

En la exigente Escuela de Estado Mayor a lo largo de su ya dilatada existencia se graduaron conocidísimos nombres: capitanes generales de Cuba y Filipinas como Blanco Erenas, Weyler, Despujol o Martínez Campos, altos comisarios en Marruecos como Gómez-Jordana, Beigbeder o García-Valiño, quien se mostró favorable a las tesis desconolizadoras de la ONU, causa por la que fue cesado por el general Franco en todas sus responsabilidades. De entre los que participaron en la Guerra Civil, eran de Estado Mayor Fanjul, Goded, Aranda, o los intelectuales como Martínez Campos o Díez Alegría, académico de la Historia aquel y de la Lengua y de Ciencias Morales y Políticas éste, así como el portuense Valentín Galarza. Entre los que se mantuvieron leales a la República, Rojo, Casado, Guarner y Asensio entre otros. De la transición, son también conocidos los generales de Estado Mayor, Gutiérrez Mellado, Ibáñez Freire, Gómez de Salazar o Sáez de Santamaría, entre otos muchos.

El Estado Mayor, cuyos miembros hoy día copan en exclusiva las más altas responsabilidades profesionales dentro de nuestras Fuerzas Armadas, históricamente ha sido objeto de injustas incomprensiones, pero también, de recelos y reproches más o menos merecidos. En mi opinión, el que más fundamento tiene es aquel que les hace, al menos corresponsables, precisamente por sus altas responsabilidades, de la penuria económica, alta insatisfacción, así como de las frustrantes expectativas profesionales en las que actualmente viven muchos de nuestros militares. Como muestra, véase la última revista de Sanidad Militar. Por no hablar de las injustas consecuencias de la nueva Ley de la Carrera Militar, con tacha de inconstitucionalidad según la Audiencia Nacional, sin que desde los Estados Mayores de nuestros Ejércitos se haya oído la más mínima voz crítica sobre estos asuntos.

No puedo terminar estas breves líneas sin recordar a los miembros del Estado Mayor víctimas del terrorismo, y muy especialmente, a mi compañero de la Escuela de Geodesia, el entonces capitán Rafael Villalobos, a quien ETA le segó las dos piernas, sentándole para siempre en una silla de ruedas, pero a quien, y a pesar de todo, no le impidió terminar sus estudios y diplomarse en Estado Mayor, acreditando una integridad y una dignidad desconocida no sólo por los terroristas, sino también por aquellos que ponen en libertad a sus colaboradores amparándose en una falsa dependencia materna.