Antonio Ramírez: «No sabía que existía un basurero en Medina Sidonia»

«Todo el mundo le echaba la culpa a alguien, nadie asumía la responsabilidad, aunque todos habían hecho algo en el vertedero». Estas palabras, de un guardia civil del Seprona que acudió como testigo, resumen perfectamente lo ocurrido ayer en el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Cádiz, en el que se juzgaba a los supuestos responsables del antiguo basurero de El Berrueco en Medina por una serie de vertidos de aguas tóxicas que entre 2001 y 2002 afectaron al arroyo de Valsequillo, cuando el vertedero estaba ya clausurado.

En el banquillo de los acusados se sientan el alcalde de El Bosque, Antonio Ramírez (PSOE), que por aquel entonces era presidente del consorcio Bahía de Cádiz -dedicado a la gestión de la basura de los ayuntamientos gaditanos-; Juan José L. V, dueño del suelo donde se asentaba y de la empresa que selló el basurero en 1991; y Agustín Aguado, ex director del equipo técnico del consorcio que supervisó los trabajos de sellado. A juicio de la Fiscalía, los tres son responsables de los vertidos, por lo que pide penas de cinco años de cárcel para cada uno. Ecologistas en Acción, que acuden como acusación particular, exige en cambio sólo tres años.

Como indicó el guardia civil, ayer los tres procesados se declararon inocentes y eludieron su responsabilidad como gestores del basurero buscando la responsabilidad en otros.

El alcalde de El Bosque llegó a asegurar incluso que, cuando fue nombrado presidente del consorcio, en 1999, ni siquiera «sabía que había un vertedero» en Medina, ya que había sido clausurado 10 años antes. Según reveló al tribunal, se enteró de su existencia a finales de 2001, cuando la Junta le comunicó por carta que debía hacerse cargo de la retirada de los líquidos contaminantes -lixiviados- que emanaban de aquellos montes. La Delegación de Medio Ambiente se había hecho cargo de ese trabajo cuando comenzó a detectarse los vertidos, ya que nadie lo asumió. Pero al finalizar la reparación de los fallos, la Junta recurrió a sus antiguos gestores: la empresa de Juan José L. V. y el consorcio.

Ramírez, sin embargo, recordó ayer que la Junta había hecho competente de los vertidos a la Diputación Provincial. Además, reivindicó su manera de actuar: «En lugar de cuestionarme si era nuestra competencia, ordené de manera diligente un dispositivo de recogida, que estuvo en marcha en enero de 2002». Ecologistas en Acción, sin embargo, denunció vertidos en febrero de ese año, que fueron corroborados ayer por los guardias civiles: «En marzo el arroyo bajaba totalmente negro», recordaron los agentes del Seprona.

La defensa

Por su parte, Juan José L. que, no sólo rechazó que su empresa gestionara el vertedero, sino que además se defendió diciendo que él nunca había tomado una decisión, ya que era su padre (fallecido) quien llevaba el negocio adelante. Su nombre sólo aparece entre los nombres de la empresa -Movimientos de Tierras Hermanos Leal- de forma nominativa. Aún así, defendió a su progenitor -que fue condenado por un vertido-, que sólo hacía de «subcontrata del consorcio», para mover la basura con maquinaria pesada. «No había gestión, porque no se beneficiaba del negocio».

Aunque cobraba 100 pesetas por cada tonelada depositada. Cuando hubo que tapar el basurero, en 1991, los dueños del suelo también se encargaron de los trabajos de sellado. Pero de nuevo, el acusado defendió la labor de su padre, pues «se limitó a cumplir el proyecto y la supervisión de los técnicos del consorcio». Hoy, en la segunda sesión del juicio, testificarán algunos políticos relevantes de la provincia, como el subdelegado del Gobierno, Sebastián Saucedo (entonces, alcalde de Chiclana).