Un techo crucial

La dificultosa carrera de obstáculos a la que se enfrenta el Gobierno, en su tardío y apresurado esfuerzo por sortear el problema de la crisis, el déficit público y sus consecuencias políticas, se encontrará tras la tramitación de la reforma laboral con la crucial negociación de los Presupuestos para 2011. El desafío del Ejecutivo es superar dicha prueba mediante algún apoyo parlamentario que preste continuidad a la legislatura. Pero el gran reto que tiene ante sí el país es que, sea cual sea el escenario político resultante, las cuentas públicas cuadren y permitan devolver a España la confianza que su economía merece y a la que las instituciones públicas deben hacerse acreedoras. La aprobación en Consejo de Ministros del 'techo de gasto' previsto para el próximo ejercicio y la discusión parlamentaria a la que dé lugar permitirán vaticinar si el Ejecutivo socialista puede contar o no con la complicidad de algún otro grupo cuando en otoño se tramiten las partidas presupuestarias, aunque será la negociación en torno a estas últimas la que, probablemente a modo de trueque, certifique si el Gobierno está en condiciones de mantenerse en su sitio durante el año siguiente. En cualquier caso, el debate partidario respecto al límite de gasto que el Estado puede asumir para 2011 obligará a las distintas formaciones a un ejercicio de coherencia, especialmente cuando ostenten responsabilidades de gobierno a nivel autonómico y municipal. El anuncio del PP de que propondrá la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria para que las administraciones no puedan comprometerse a gastar más de lo que ingresen va en línea con la disconformidad mostrada ante el avance de la vicepresidenta Salgado de reducir en un 7,7% el 'techo de gasto' respecto al inicialmente previsto para 2010. Es posible que la contención anunciada por el Gobierno, antes de su aprobación formal, se quede corta en relación al retraimiento presupuestario con que el Estado deba afrontar el próximo ejercicio. Pero dado que su cálculo ha de tener en cuenta los efectos que una mayor o menor contención del gasto acarrea a la actividad económica general y a los retornos que ésta pudiera procurar, la única manera que las formaciones de oposición tendrían para justificar un ajuste sensiblemente mayor sería que lo aplicasen de inmediato en las instituciones que gobiernan.