Ramírez: "Lo que hice fue evitar un problema medioambiental"

Nadie se ha hecho esta mañana cargo de la gestión del vertedero de El Berrueco, en Medina, durante el juicio por los vertidos de aguas tóxicas que este basurero produjo durante años en el cercano arroyo de Valsequillo, sobre todo en el periodo de 2001 y 2002.

En la vista oral, que se celebra hasta el jueves en la Audiencia Provincial, se sientan como acusados el alcalde de El Bosque, Antonio Ramírez (PSOE), que fue presidente del consorcio Bahía de Cádiz, dedicado a la gestión de la basura de los ayuntamientos de la provincia. También está procesado Juan José Leal, dueño del suelo y de la empresa que cubrió el basurero; y Agustín Aguado, director técnico del Consorcio Bahía de Cádiz. La fiscal pide para los tres una pena cinco años de cárcel por delitos medioambientales, mientras la acusación particular (Ecologistas en Acción), por su parte, exige tres años.

En primero en declarar hoy, en la primera sesión del juicio, fue Juan José Leal, que insistió ante el tribunal que los trabajos de mantenimiento en el vertedero, pero sobre todo, el sellado de éste en 1991 se realizaron según un proyecto del consorcio mancomunado, y siempre supervisado por sus técnicos, y que tras la clausura del basurero su empresa -Movimientos de Tierra Hermanos Leal- se limitó a ser titular del suelo, ya que no fueron contratados para labores de mantenimiento. Se defendió, además, recordando que él sólo figuraba como administrador de la empresa a título nominal, pero era su padre ya fallecido quien se encargaba de todos los asuntos y gestiones.

El alcalde de El Bosque, por su parte, alegó que en 1999, cuando fue nombrado presidente del consorcio Bahía de Cádiz, no tenía conocimiento de que existía un vertedero en Medina, pues había sido clausurado 10 años antes. Lo conoció -según él- cuando en diciembre de 2001 la Junta dejó de recoger "unilateralmente" las aguas tóxicas que se filtraban del vertedero, y comunicó a la mancomunidad que debían hacerse cargo de esa tarea a partir de entonces. "Inmediatamente, no discutí si eso podía ser contestado negativamente, sino que llamé a Bioreciclaje de Cádiz (empresa del consorcio) para que pusiese en marcha un dispositivo" y retirase los lixiávidos -las aguas tóxicas-, que se almacenaban en una arqueta dedicada a ello. "Lo primero que hice fue evitar un problema medioambiental", alegó, al mantener que actuó "diligente" en este asunto. "Lo que hice fue evitar un problema medioambiental", añadió.

Así, según él, el 15 de enero se puso en marcha ese dispositivo, aunque ayer varios guardias civiles del Seprona, que acudieron como testigos, confirmaron que entre febrero y marzo de 2002 se detectaron vertidos que llegaron al arroyo de Valsequillo. Antonio Ramírez recordó, en todo caso, que en 2001 la Junta hizo responsable del vertedero a la Diputación, pero que el consorcio se hizo cargo del vertedero porque así se lo pidió el entonces presidente de Diputación. En todo caso, su abogado insistió en que era presidente no ejecutivo, "que ni siquiera cobraba por ello", y que acudía dos o tres veces para despachar asuntos.