Los promotores de la facultad de la Sierra dicen que su proyecto es serio

La polémica por la futura Escuela de Enfermería de La Sierra gana adeptos. Se han unido políticos, cargos públicos, toda una plataforma ciudadana y ahora los propios autores de la memoria del proyecto, ellos son los promotores de esta iniciativa. Ayer mismo el director de Enfermería de Pascual, Miguel Rabello, quiso contestar a las declaraciones del rector de la UCA, Diego Sales, que aludió a motivos académicos para rechazar la facultad. En su opinión, «el documento entregado respeta todos los requisitos y se ha presentado con la documentación que exige la ley».

Rabello ha formado parte del equipo de trabajo de la Escuela y aseguró que «detrás hay mucha gente, con gran formación, que ha hecho una labor impecable». Y si los motivos son académicos, invitó al rector a que les haga una relación de las carencias para poder subsanarlas. Precisamente avanzó que durante el proceso administrativo para la adscripción de este centro a la UCA no se ha dado ninguna respuesta de la negativa ni se ha convocado reunión alguna.

«Dicho de esa manera me parecen algo subjetivas sus declaraciones, porque si no cumplimos los requisitos, que nos lo diga y nos pondremos manos a la obra», recalcó. La intención del equipo de trabajo es seguir adelante con esta iniciativa, que ahora busca amparo en una universidad portuguesa.

«Nuestra propuesta es sólida y ha sido muy trabajada, no es cuestión de un día, son muchos meses pendientes de esta facultad», insistió el director de Enfermería del grupo sanitario.

A pesar de hacer pública su queja, Miguel Rabello dejó claro que no quiere buscar la polémica y dijo respetar el principio de autonomía de la Universidad. «Yo mismo fui alumno y entiendo que es una institución independiente para tomar sus propias decisiones, pero también es legítimo por nuestra parte intentar que este centro se adscriba a la UCA», concluyó.

Mientras tanto, las negociaciones con los órganos universitarios se han dado por finalizadas. La última negativa la dio el propio Consejo Social, en el que también están incluidas empresas, organizaciones sindicales y la propia Junta, hace apenas un mes.