El Senado rechaza uno de los nombres propuestos por el PP para el Tribunal Constitucional

La Mesa del Senado ha acordado rechazar como candidatos al Tribunal Constitucional al ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López y al secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, y ha pedido a los parlamentos autonómicos que los nombraron que designen nuevos candidatos.

Por mayoría de sus miembros, la Mesa ha acordado que ambos candidatos no reunían el requisito de haber cumplido quince años de ejercicio profesional, al no admitir el tiempo computado en servicios especiales por ambos. A partir de ahora, el Senado volverá a dirigirse a los Parlamentos autonómicos que designaron a Campo -Andalucía- y López -Madrid, Castilla y León, Extremadura, Cantabria y La Rioja- para que nombren un nuevo candidato, para lo que concede un plazo que concluirá el próximo 29 de junio.

Enrique López era, junto con Francisco José Hernando, uno de los nombres propuestos por el PP para el Tribunal Constitucional que, al no ser aceptados por el PSOE, bloquearon la renovación del Alto Tribunal en el Senado.

El PP recurrirá

El Grupo Parlamentario Popular del Senado ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante la Mesa de la Cámara. El portavoz 'popular', Pío García-Escudero, ha censurado que Enrique López haya sido rechazado y ha responsabilizado de la decisión a "las prisas que el PSOE ha metido al procedimiento". "Ha decidido aplicar el rodillo", apostillaba tras conocer la noticia.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que "los miembros del TC deberán ser nombrados entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función". La Mesa ha decidido continuar con el proceso de renovación del TC, una vez analizado el informe que han elaborado los servicios jurídicos de la Cámara que establece que no es necesario volver a consultar a los Parlamentos autonómicos para que ratifiquen los 23 candidatos que presentaron en su día.

Además, el criterio de la Mesa para rechazar la idoneidad de López y Campo como candidatos se ha basado en la decisión que adoptó, en 1994, el Tribunal Supremo para declarar ilegal el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general del Estado, al declarar que no cumplía la previsión legal de haber permanecido "más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión". El Supremo argumentó que no podía ser computado el tiempo que Hernández ejerció como gobernador civil y delegado del Gobierno en situación de servicios especiales.

La portavoz del PSOE, Carmela Silva, ha expresado su absoluto respeto a la decisión de la Mesa y ha criticado que el PP haya cuestionado la validez del informe de los servicios jurídicos porque "no va en la línea de lo que desean". Silva ha insistido en que el PSOE va "muy en serio" en el proceso de renovación del TC y en que, una vez que vuelvan a pronunciarse los Parlamentos que designaron a López y Campo, pedirán que se convoque "de forma inmediata" la Comisión de Nombramientos del Senado, que debe elevar cuatro nombres al pleno.