Inmediata reforma laboral

La incorporación del Gobierno al diálogo que sindicatos y patronal venían manteniendo para la reforma del mercado de trabajo representa, a la vez, el último intento para alcanzar un acuerdo y la antesala de la decisión que deberá adoptar el Consejo de Ministros, muy probablemente en su reunión del próximo 11 de junio. Las discrepancias en torno a las fórmulas contractuales que permitan superar la dualidad entre fijos y temporales, en cuanto a la ampliación de las causas de despido y la disminución de su coste, así como en lo referente a las cotizaciones a la Seguridad Social, afectan al núcleo del mercado laboral. Pero no por ello debe despreciarse el entendimiento alcanzado entre las partes sobre los incentivos para la contratación de jóvenes y de colectivos más afectados por el paro actual, o para evitar la rescisión de contratos laborales mediante la aplicación de reducciones de jornada y salario. Agotadas prácticamente las posibilidades de un acuerdo general, todo indica que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero deberá concretar los términos de la reforma. Su eficacia sería mayor si contase con la anuencia de empresarios y sindicatos; pero nada puede resultar más negativo que mantener pendiente una asignatura tan crucial. También por esto el Gobierno debe evitar toda tentación salomónica, que tratando de atenuar el desgaste político acabe rebajando o ralentizando los efectos del cambio normativo. Las centrales que participan del diálogo social –CC OO y UGT– han hecho público su propósito de convocar una huelga general si el Gobierno procede a una reforma «lesiva para los intereses de los trabajadores». Pero si bien las organizaciones sindicales están legitimadas para convocar una huelga, en una sociedad abierta no pueden ser los únicos intérpretes de lo que más interesa a los trabajadores. Por su parte, la actitud mantenida por las organizaciones empresariales –insistiendo en la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo, abaratar el despido y reducir las cotizaciones sociales– las obliga tanto a secundar la reforma por la que opte el Gobierno como, sobre todo, a generar empleo desde el mismo momento en que las nuevas normas entren en vigor. Un apoyo que tampoco pueden eludir aquellos grupos parlamentarios que, como el PP, CiU o el PNV, se han mostrado a favor de europeizar nuestro mercado laboral.