Los ayuntamientos rechazan aplicar el derribo 'exprés' en las viviendas ilegales

Una medida que llega demasiado tarde. El mapa de la construcción ilegal en la provincia lo forman más de 50.000 viviendas clandestinas que han brotado como setas en los últimos veinte años. Toca ahora poner orden al desorden.

Los municipios de Chiclana, El Puerto Vejer, Conil, Barbate, Chipiona y Sanlúcar, entre otros, aportan la mayoría de esas construcciones. Sus alcaldes y concejales de Urbanismo coinciden en señalar que la construcción ilegal se ha frenado en seco y algunos de ellos advierten que no aplicarán el 'derribo exprés' en las viviendas que ya están construidas salvo aquellos casos flagrantes. Prefieren continuar con los expedientes municipales antes de echar abajo una vivienda por la vía de urgencia. Otra cosa es que los inspectores detecten una nueva construcción. En ese caso se actúa de inmediato.

Un mes de plazo

La Junta aprobó el pasado marzo una herramienta clave para que los ayuntamientos combatieran la construcción ilegal. Andalucía cuenta con 1.000 urbanizaciones sin papeles que representan 300.000 viviendas clandestinas, Málaga y Cádiz se llevan la palma del ránking. Esta situación obligó a la Administración regional a poner puertas al campo con la aprobación del denominado derribo exprés. Se trata de una nueva figura jurídica que entró en vigor el pasado 7 mayo y que permite a los consistorios activar el proceso de demolición en tan solo un mes desde que se notifica la infracción al propietario del inmueble. La norma amplía las competencias de los ayuntamientos en materia de disciplina urbanística y permite una actuación rápida.

Sin embargo, la medida llega con retraso. El alcalde de Barbate, el socialista Rafael Quirós, señala que «el decreto era necesario mucho antes y su aplicación habría evitado la proliferación y los núcleos clandestinos que se han formado con el tiempo cerca del litoral». No hay que olvidar que los expedientes administrativos son eternos. Barbate cuenta con más de 800 viviendas ilegales en la zona de Zahora y casi 200 en San Ambrosio. Quirós adelanta que no aplicará, por ahora, esta medida, ya que la zona afectada se encuentra incluida en un plan de ordenación y regularización. En esta misma línea se ha pronunciado la corporación de El Puerto, que gobierna el popular Enrique Moresco. Fuentes de este Ayuntamiento, uno de los más castigados por la construcción ilegal, destacan que el nuevo plan urbano que está en redacción trata de legalizar los diseminados y no prevé, de momento, demoliciones. La concejal de Urbanismo, Patricia Ybarra, ha señalado que la práctica de la construcción ilegal se ha frenado. Por su parte, el espíritu del Ayuntamiento de Chiclana, que gobierna el socialista José María Román, tampoco se inclina por la aplicación inmediata de esta medida. Chiclana alberga en su término municipal más de 15.000 viviendas ilegales y la intención municipal, no es otra, que legalizar la mayoría. Desde la Gerencia de Urbanismo se pone de manifiesto que las viviendas expedientadas que se sumen a este proceso tendrán un recorte del 75% en las sanciones que se les imputen. Urbanismo considera que se pone en marcha así un proceso que evitará la demolición.

Desde la entrada en vigor de las ordenanzas se han registrado una treintena de peticiones que se están estudiando por las empresas de servicios Chiclana Natural y Endesa para comprobar las posibilidades de legalización. La concejalía de Urbanismo ha contabilizado unas 220 peticiones de información y solicitudes por parte de particulares y comunidades de vecinos para iniciar el proceso de regularización.

La excepción de Vejer

Por lo que respecta al municipio de Chipiona, otro de los puntos calientes del urbanismo ilegal de la provincia, su alcalde, el socialista Manuel García, ha cambiado el paso y ha optado por solucionar el problema sin aplicar la demolición, excepto en los casos más graves. Este ayuntamiento mantiene abiertos más de 400 expedientes sancionadores por construir sin papeles. El concejal de Urbanismo, José Antonio Sotomayor, reconoce que se ha iniciado un proceso para modificar suelo y proceder a su regularización.

Mas contundente, sin embargo, se ha pronunciado el alcalde de Vejer, el socialista Antonio Jesús Verdú, que es partidario de aplicar la medida en las zonas con mayor presión urbanística de carácter ilegal. Vejer suma más de 500 viviendas clandestinas en El Palmar y aunque el Consistorio abre la mano a la regularización, anuncia que esta medida servirá, a la vez, para agilizar el proceso de ordenación.