Piden 5 años de cárcel para el alcalde de El Bosque y los propietarios de El Berrueco

El Ministerio Fiscal pide cinco años de prisión e inhabilitación para desempeñar profesión u oficio relacionado con la gestión de residuos para el actual alcalde de El Bosque, el socialista Antonio Ramírez, que presidía el Consorcio Bahía de Cádiz cuando en 2002 el vertedero de El Berrueco contaminó el arroyo Valsequito. También se sentarán en el banquillo como acusados el entonces director técnico del citado consorcio y el representante legal de la empresa Movimientos de Tierra Hermanos Leal S.L., propietaria de la finca y el vertedero desde 1993.

Según el escrito de calificación fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, se les imputa un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente -delito ecológico_ por no ejecutar las medidas preventivas que les indicó la Junta de Andalucía con el objetivo de prevenir un episodio contaminante.

El escrito de acusación expone que desde que Movimientos de Tierra Hermanos Leal S.L. se hizo con la propiedad de la finca y el vertedero, se produjeron diversos episodios de vertidos de lixiviados procedentes del vertedero, dando lugar a distintos procedimientos judiciales que fueron archivados. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Cádiz dictó una sentencia condenatoria por delito ecológico en diciembre de 1997.

Así, ante la "inacción" de los propietarios, la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz tuvo que realizar de forma subsidiaria trabajos y medidas correctoras de sellado del vertedero. Al terminar los trabajos a finales de 2001, la Administración andaluza advirtió al Consorcio Bahía de Cádiz -gestor del vertedero_de los daños medioambientales derivados del riesgo de vertidos al arroyo Valsequito, lo que hacía necesario que desempeñasen una serie de acciones.

Estas acciones consistían en la extracción de lixiviados de las arquetas y posterior envío a instalación de tratamiento, el mantenimiento del camino de acceso al depósito de lixiviados, la limpieza de las cunetas perimetrales para favorecer la evacuación de aguas pluviales, la reparación o perfilación de los taludes en caso de escorrentías y, finalmente, la reconfiguración de la superficie sellada en caso de asentamientos en la masa de residuos.

Daño

La Fiscalía expone que ni la empresa propietaria de la finca ni el Consorcio Bahía de Cádiz -presidido entonces por el actual alcalde de El Bosque_ adoptaron las medidas precautorias. Así, "desde finales de 2001 hasta al menos marzo de 2002" se vinieron produciendo en el vertedero de El Berruecos escapes lixiviados que discurrían por el terreno hasta llegar al arroyo Valsequito, donde quedaban estancados en su cauce, llegando a ocupar un tramo de 800 metros aguas abajo del vertedero, formando grandes y profundos charcos y favoreciendo la precolación en el terreno.

En este sentido, añadió que desde que la Junta dio por concluidos los trabajos reseñados hasta febrero de 2002, el caudal de los vertidos ascendía a unos mil metros cúbicos. El derrame "contaminante" excede los límites establecidos para vertidos al dominio público hidráulico y a las aguas litorales, afirmó.

Tales hechos infringen, entre otros, la Ley de Residuos, el Reglamento de Residuos y la Ley de Protección Ambiental, ya que dieron lugar a efectos ambientales perjudiciales como la anulación de usos potenciales del suelo, deterioro del paisaje, disminución de la calidad de las aguas de escorrentía, reducción de la fauna y flora bentónica, peligro para la salud pública, así como contaminación de las aguas subterráneas.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita para los tres acusados un total de cinco años de prisión, así como inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la gestión de residuos por tiempo de cinco años. Del mismo modo, considera que procede ordenar la adopción, a cargo de los acusados, de las medidas necesarias para restaurar el equilibrio ecológico perturbado.