Reforma laboral inaplazable

El Consejo de ministros, en la revisión del cuadro macroeconómico posterior al ajuste que realizó ayer, ha reconocido que la tasa de desempleo para este año será del 19,4%, cuatro décimas por encima de su anterior cómputo, mientras que en 2011 se situará en una media del 18,9%, cinco décimas más de lo que antes había previsto. Los cálculos señalan igualmente que se mantendrá la previsión de destrucción de empleo para 2010, con una caída del 2%, y habrá una menor creación de puestos de trabajo para 2011. También ayer se conocía que la agencia de valoración Fitch ha rebajado un escalón el rating de la deuda española. Las expectativas no son, pues, boyantes, especialmente en lo tocante al empleo, y esta realidad ingrata obliga a la totalidad de los actores políticos y económicos a poner todo de su parte para mitigar una lacra que, en buena parte y como reconocen tanto las instituciones económicas internacionales como la mayoría de los analistas expertos, se debe a la rigidez de nuestro mercado laboral. Pese a esta evidencia, las dificultades que encuentra la negociación social para efectuar propuestas constructivas parecen insuperables y está a punto de concluir la enésima prórroga que el Gobierno ha concedido a empresarios y sindicatos para pactar una reforma sustancial que, como mínimo, debería incluir una mayor flexibilización contractual, medidas de inserción de jóvenes y parados, modernización de la negociación colectiva e incorporación de ciertos mecanismos que han tenido éxito en Europa (el modelo alemán y el austríaco, etc.). Y si estas negociaciones no fructifican inmediatamente, no sería razonable que el Gobierno no impulsara unilateralmente y por decreto-ley una reforma a fondo del sistema que dé oxígeno al tejido empresarial y movilice unos mercados atenazados por unos corsés que protegen en exceso a los trabajadores instalados y dejan a los demás en flagrante desvalimiento. Cierto que los sindicatos ya han amenazado en este caso con una huelga general, pero ni la sociedad entendería este desplante absurdo, que en todo caso encontraría escaso seguimiento, ni puede ser esta coacción un obstáculo para que las instituciones cumplan con su obligación.