La Junta ahorrará 861 millones con el ajuste al sueldo de los funcionarios

La Junta de Andalucía ahorrará 861 millones de euros durante este año y el 2011 como consecuencia de la reducción del sueldo de los funcionarios públicos, según anunció ayer en el Parlamento autonómico la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

Martínez Aguayo compareció para explicar la repercusión en Andalucía de las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno de la Nación, y que el Ejecutivo autonómico apoya por «razonables y responsables», al tiempo que ha especificado el montante del ahorro que tendrá la Junta por la rebaja del sueldo de los funcionarios.

Concretamente, la consejera explicó que la aplicación de las medidas de ajuste para los funcionarios supondrá un menor gasto para la Junta de 314 millones de euros en 2010 y de 547 millones de euros durante el 2011, algo que trasladará hoy a los sindicatos en la reunión que mantendrá con la Mesa General de la Función Pública.

También recordó que habrá una reducción de un 15 por ciento en las retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno, aunque no especifió cuánto supondrá de ahorro, y que habrá también un recorte del gasto farmacéutico en Andalucía, algo que se concretará probablemente en la reunión del Consejo de Gobierno extraordinario previsto para mañana viernes.

Martínez Aguayo admitió que las medidas como las que ha puesto en marcha el Ejecutivo resultan «difíciles de aprobar para cualquier Gobierno», pero añadió que se consideran «imprescindibles para consolidar el proceso de recuperación de la economía y por lo tanto para la creación de empleo».

«El Gobierno andaluz apoya estas medidas y las trasladará, en su caso, a su ámbito competencial», ha indicado Martínez Aguayo, para quien el Real decreto-ley y los tres acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros de la semana pasada constituyen un conjunto de actuaciones orientadas «a dar un paso más en el cumplimiento de un compromiso que ya existía, y que se plasmó en la actualización del Programa de Estabilidad».

Ha insistido en que el escenario económico-financiero actual «va a requerir de esfuerzos y sacrificios por parte de toda la sociedad, española y andaluza», pero que «entiende y respeta» a los ciudadanos que han mostrado de contrariedad por las medidas y que son consecuencia de una crisis de la que «ni la sociedad española ni la andaluza es culpable».

La consejera ha reconocido que las medidas afectarán la reprogramación de las inversiones del Gobierno y ha añadido que el Gobierno andaluz seguirá exigiendo, pese al ajuste, que Andalucía reciba «lo que legítimamente nos corresponde en materia de inversiones, es decir, el 17,8 por ciento del total regionalizable».

Estas explicaciones no convencieron a los grupos de la oposición, que han coincidido en denunciar la «injusticia» que supone para los pensionistas y los funcionarios que el Gobierno haya optado por recortar el gasto «echando mano» de los más débiles, desprotegidos y desamparados, en vez de optar por una mayor austeridad propia.