'Luigi', cerebro de la operación, cobró mas de ocho millones en comisiones por operaciones urbanísticas

El ex diputado socialista Luis Andrés García "Luigi", presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística de la "operación Pretoria", cobró ocho millones de euros por su intervención en operaciones inmobiliarias de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. Así consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción de 22 de octubre de 2009, apenas unos días antes de la detención de los implicados en la trama de presunta corrupción urbanística, que ha mantenido durante meses en prisión a los ex altos cargos de los gobiernos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, así como al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz.

Según ese informe incluido en el sumario, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra habrían cobrado otros 637.590 euros cada uno por comisiones por dos operaciones urbanísticas en Badalona y en Sant Andreu de Llavaneres. Asimismo, el ex director del Plan Metropolitano de Barcelona, Ginés Carbó, también imputado en la causa, se embolsó cerca de 244.000 euros en comisiones, según revela el informe de la Fiscalía, basado en las investigaciones de la Guardia Civil y las escuchas telefónicas de los imputados.

El informe de la Fiscalía señala que el "modus operandi" de las tres operaciones urbanísticas investigadas es común: Luis García utilizaba sus contactos con empresarios y cargos municipales para conseguir modificaciones urbanísticas que beneficiaban a las empresas a las que los "comisionistas" representaban. De esa forma, el supuesto cerebro de la trama, del que el informe resalta su "elevado nivel de vida" pese a los bajos ingresos que declara, se embolsó 8.026.000 euros por su intervención en las operaciones Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet, Niesma de Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

El escrito incluido en el sumario destaca también las "cualificadas relaciones" que Macià Alavedra y Lluís Prenafeta utilizaron en beneficio de los proyectos urbanísticos promovidos por los empresarios con los que compartían intereses comunes y subraya que ambos disponían de cuantiosas sumas en paraísos fiscales. Ambos comisionistas, añade el escrito, intermediaron a favor del presidente de la inmobiliaria Espais, Lluís Casamitjana, también imputado en la causa, "ante la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès".

Desvío de fondos de subenciones de la UE

También comenta la Guardia Civil la "relación fluida y cordial" que Luis García tiene con Antonio Jiménez, ex concejal de Sant Andreu de Llavaneres, también imputado en la trama, y su "capacidad de influencia y decisión" en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. De hecho, mantenía una "revelación privilegiada" con el alcalde, Bartomeu Muñoz, hasta el punto de que "interviene de forma decisiva en la toma de decisiones de trascendencia económica del ayuntamiento".

Otra de las revelaciones de ese informe es que el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet podría haber desviado fondos procedentes de subvenciones de la Unión Europea, una situación irregular que iba a hacerse pública debido a una auditoría encargada por el propio consistorio, y al menos en una ocasión a través de facturas falsas. Según otro informe posterior de la Fiscalía, las operaciones de recalificación urbanística de los terrenos donde se realizaron las operaciones investigadas comportó una revalorización de los mismos por valor de 32,37 millones de euros que no revertieron en los respectivos ayuntamientos.

En concreto, el Ayuntamiento de Santa Coloma dejó de ingresar en la operación Pallaresa 13 millones, el de Sant Andreu de Llavaneras cuatro millones por la operación Niesma, y otros 1,37 millones en concepto de equipamientos, mientras que las arcas del ayuntamiento de Badalona no recibieron 14 millones de euros por la revalorización de los terrenos.