Cameron fija sus tres ejes reformistas

No hubo sorpresas en el programa legislativo presentado ayer por la mañana durante la inauguración del nuevo Parlamento británico. Presidido por el discurso de la reina Isabel II escrito en Downing Street, contiene veintidós leyes que reflejan los compromisos alcanzados entre conservadores y liberaldemócratas, y que pretenden poner en marcha en los próximos dieciocho meses.

Las primeras palabras de la soberana recogieron los principios que el primer ministro, David Cameron, ya mencionó en su inaugural rueda de prensa y que se han convertido en el lema del Ejecutivo: «Libertad, justicia y responsabilidad». El programa incluye las reformas del sistema educativo y electoral, así como la convocatoria de un referéndum ante cualquier plan de traspasar más poderes a la Unión Europea. Pero la economía domina las prioridades de la coalición y así se plasmó en el discurso.

La situación de las arcas públicas de Reino Unido hizo acto de presencia rápidamente cuando la monarca señaló que «la primera prioridad es reducir el déficit y restaurar el crecimiento económico». El lunes ya se anunció un recorte de 7.260 millones de euros para cuadrar las cuentas, y entre las medidas destacaban la reducción a «circunstancias excepcionales» del uso de coches oficiales ministeriales.

Una decisión ejemplar de apretarse el cinturón que anticipa las probables impopulares y duras disposiciones que contendrán los presupuestos que se presentarán en junio. Ya por la tarde el Gobierno y la oposición tuvieron los primeros intercambios en una atmósfera amigable que no impidió que Cameron espetase a la líder en funciones del Partido Laborista, Harriet Harman, que deberían «disculparse por el terrible caos» que han dejado.

Si bien aún poco preciso en detalles, el programa gubernamental incluye una reforma de la educación que contempla la posibilidad de que los padres u otros grupos creen sus propias escuelas a imitación del modelo sueco. Esta iniciativa responde a la idea del proyecto electoral de los conservadores por el que «se invita» al ciudadano a ejercer más control, no sólo sobre la educación, sino sobre el conjunto de los servicios públicos más inmediatos en su comunidad, sean hospitales, colegios o la Policía. Es un programa que hace patente la idea liberal de hacer retroceder el poder del Estado otorgando más capacidad de decisión a individuos y asociaciones.

El plan educativo para Inglaterra (puesto que en Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen sus propias competencias en este área) supone dar más autonomía a escuelas y padres para decidir sobre las materias a estudiar, conceder mayor poder a los profesores para responder al mal comportamiento del alumnado y otorgar más libertad a los directores sobre cómo deben dirigir sus centros. También observará las peticiones de los liberaldemócratas de mejorar la escolarización de los niños de las zonas más pobres.

En el capítulo de las reformas políticas destaca la que despierta más escepticismo: la reforma de la Cámara de los Lores, que demandan los liberaldemócratas, que el nuevo laborismo prometió pero no llevó a cabo y que de hecho ha sido contemplada por dirigentes políticos durante los últimos cien años sin ser acometida. La otra sería convocar un referéndum sobre el cambio del sistema electoral de mayoría simple que tanto perjudica las perspectivas de los liberaldemócratas, si bien no en favor del deseado proporcional, sino en el de voto alternativo.

Este método permite a los electores votar a diferentes candidatos estableciendo un orden de preferencia sucesivo. Se considera que propicia más consenso porque el ganador requiere una mayoría absoluta. Paradójicamente se calcula que los conservadores serían quienes saldrían más mal parados por este sistema, que el anterior gobierno laborista ya empezó a tramitar en la cámara y consiguió hasta aprobar una votación, aun con la oposición de los 'tories'.

La otra modificación que puede levantar ampollas entre los diputados de la coalición y con la que los laboristas no están de acuerdo es la de fijar que se cumplan los cinco años de mandato por lo que el primer ministro no podrá disolver el Parlamento sin el apoyo del 55% de los diputados. A pesar de las críticas laboristas, los conservadores aseguran que esto no afectaría a la posibilidad de tumbar a un gobierno con una moción de confianza por mayoría simple.