La presión municipal fuerza al Gobierno a posponer la prohibición de créditos

Veinticuatro horas le duró esta vez a José Luis Rodríguez Zapatero su determinación de reducir el déficit mediante medidas drásticas, impopulares y de elevado coste político. El Gobierno cedió a la presión de los alcaldes, rectificó su prohibición a los ayuntamientos de pedir créditos hasta 2012 y retrasó siete meses, hasta el 1 de enero de 2011, la entrada en vigor de esa medida.

La modificación, que altera el texto original del Real Decreto Ley que desgrana las medidas de ajuste, fue publicada en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) mediante una «corrección de errores». La vicepresidenta económica y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) -ambos socialistas- discreparon sobre los motivos de ese aplazamiento.

La primera versión del texto legal enfureció a muchos alcaldes, incluidos los del PSOE, que vieron peligrar la finalización de obras públicas ya en marcha. El cambio de rumbo permitirá a las entidades locales seguir pidiendo créditos durante lo que queda de 2010 para afrontar el coste de los trabajos ya iniciados o licitados, siempre que no vulneren el techo de deuda legal, fijado en el 120% de los ingresos liquidados el año anterior.

Teófila, indignada

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, se mostró indignada con las medidas que recoge el documento: «Es inconcebible que el Gobierno cambie a través del BOE un decreto que aprobó el día antes». «Al Ejecutivo no le importa nada los ayuntamientos como tampoco tiene en cuenta el papel que cumplen, especialmente en un momento como el actual, en el que los ayuntamientos estamos haciendo frente con nuestros recursos al 80% de los gastos sociales».

«Con la rectificación se demuestra que éstas medidas no estaban estudiadas y, por tanto, no habían calculado su trascendencia».

Para Enrique Moresco (El Puerto), lo que ha ocurrido es una prueba más «de que el presidente del Gobierno actúa con ineficacia e ineptitud». «Toma medidas a lo loco, sin pensar en las repercusiones, sin consensuarlas con nadie y sin analizar las consecuencias». En la misma línea se manifestó el alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, que señaló que «lo que está pasando es algo insólito, que no tiene parangón en la historia de España por la falta de credibilidad de quien toma las decisiones y la falta de planificación para llevarlas a cabo».

Otros alcaldes de la provincia, como Rafael Quirós (Barbate) o Antonio Roldán coincidieron en alegrarse por la moratoria gubernamental.

El PP, a nivel nacional, expresó su desacuerdo con la actuación del Ejecutivo, calificada de «absoluto despropósito» por la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría. Los populares consideran que el Gobierno se vio forzado a rectificar tras darse cuenta del «escándalo» que su decisión había provocado en los entes locales, muchos de ellos gobernados por el PSOE. Rita Barberá afirmó que el presidente del Gobierno es un «incompetente, ignorante, inmoral político y miserable», que con la «tropelía» de prohibir a los ayuntamientos solicitar créditos conduce a España hacia «la quiebra real».