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Denuncian que 58 funcionarios cobran 300 euros de menos

El sindicato CSIF decidirá el viernes si presentan una consulta a la asesoría jurídica de Diputación para que tome partido

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A igual trabajo, igual salario. Este es el principio de igualdad retributiva por el que se deben de regir los funcionarios. Bajo esta premisa, el sindicato CSIF junto al de UGT han denunciado que existen 58 personas que están cobrando menos por realizar el mismo trabajo que sus compañeros funcionarios por el mero hecho de ser Interinos de Programas del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT).

Y de esto deja constancia el informe del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) en el que se afirma que estos 58 funcionarios «deberían estar incluidos en el censo de Funcionarios de la Diputación Provincial y depender salarialmente de la dicha Corporación».

Una circunstancia que, según los sindicatos «se contradice con la situación que tienen estos empleados en la actualidad, pues, en realidad, cobran un tercio menos de lo que deberían cobrar unos 700 euros al mes».

Además según CSIF, aquellos que están en cargos de ayudantes de recaudación, oficiales de administración y auxiliares administrativos que trabajan directamente en la Diputación y que pertenecen al grupo C2 hacen labores del grupo C1 en su mayoría, de modo que al final, atendiendo a las tablas salariales que les corresponden, cobran unos 300 euros menos al mes de lo que les pertenece.

Es por esto por lo que se ha vuelto a denunciar el caso del IEDT ante la Inspección de Trabajo, esta vez, aportando el informe del CMAC, para sacar a la luz, a su vez, que los Funcionarios Interinos de este Organismo dependiente de Diputación cotizan a la Seguridad Social por debajo de lo establecido. José Miguel Ahumada, Delegado Sindical de CSIF Cádiz en la Diputación Provincial explica que «si están cobrando de menos, también se está produciendo una infracotización en la Seguridad Social».

El próximo paso que llevará a cabo el sindicato es la votación de hacer una petición de consulta a la asesoría jurídica de Diputación que se decidirá el viernes, ya que como explica Ahumada «tampoco queremos perjudicar a los trabajadores; la situación laboral en general está ahora muy complicada y no queremos que la Diputación, argumentando falta de presupuesto, deje a estos 58 trabajadores en la calle».