Reforma indebida

Tras la intervención del presidente catalán, Montilla, en el Senado, en la que reclamó la rápida renovación del Tribunal Constitucional, y que en realidad tenía por objeto evitar o al menos retrasar una sentencia adversa que cancele partes vitales del nuevo Estatuto de Autonomía, el Gobierno socialista ha aceptado tal propuesta para no desairar al líder del PSC, quien acarrea por esta causa un serio lastre ante las elecciones catalanas de noviembre. Y el PSOE, que se negó en redondo en diciembre de 2007 a aceptar a los dos únicos candidatos del PP, Francisco Hernando y Enrique López, por considerarlos hostiles, ya ha manifestado que está dispuesto a transigir con tal de que la renovación tenga lugar. Hace unos meses, cuando fue manifiesto que el TC preparaba una sentencia que mutilaba el texto estatutario, tanto Zapatero como Rajoy manifestaron con acierto que no era sensato cambiar al árbitro a mitad del partido. Ésta parece ser la actitud razonable, por más que el actual tribunal, de sólo diez miembros, haya demostrado una incapacidad absoluta a la hora de tomar esta crucial decisión. La legitimidad del TC, aun cuando hayan caducado los mandatos de los cuatro magistrados designados por el Senado (Casas, Jiménez, Conde y Rodríguez Zapata), es inobjetable con la ley en la mano, y sería marrullero jugar ahora con la arquitectura de la institución para influir políticamente sobre la sentencia. De hecho, con la renovación variaría el equilibrio ideológico del TC ya que, por lógica parlamentaria, habría un magistrado progresista más. En noviembre caduca además el mandato de otros tres magistrados (y cumpliría también el de García-Calvo), elegidos por el Congreso, por lo que, de producirse ahora la renovación y, de nuevo, dentro de seis meses, la sentencia se demoraría 'ad infinitum'. Lo políticamente es permitir a este tribunal que concluya su trabajo cuanto antes y proceder acto seguido a su renovación. Una renovación que probablemente haya de ir acompañada de una reforma de la Ley Orgánica del TC para limitar a unos meses el plazo entre el fin del mandato y la designación del sucesor.