El Gobierno acepta la renovación del Constitucional para calmar a Cataluña

Entre las pocas vías de que disponía para evitar un nuevo conflicto a cuenta del recurso de inconstitucionalidad contra el 'Estatut', el Gobierno ha optado por la menos cruenta. La portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva, anunció ayer que su formación está dispuesta a «facilitar» la renovación del Constitucional, bloqueada desde hace año y medio por el rechazo de su partido a los dos únicos candidatos propuestos por el PP: Francisco José Hernando y Enrique López. Las propuestas del partido opositor eran hasta ahora para los socialistas sus 'bestias negras' por la beligerancia que mostraron en la pasada legislatura hacia el Gobierno desde el Consejo del Poder Judicial, del que eran presidente y portavoz.

El giro en la actitud que hasta ahora mantenía el partido gubernamental se produce después de que la semana pasada el Tribunal Constitucional fracasara por sexta vez en los últimos dos años y medio en su intento de sacar adelante una sentencia sobre el marco de autogobierno de Cataluña. La pelota está ahora en el tejado de la presidenta del órgano, María Emilia Casas, que ha tomado las riendas de la nueva ponencia después de casi cuatro años de debate. Pero el Ejecutivo considera que ya ha quedado probada la impotencia de la institución para, en su actual composición, deshacer el bloqueo.

En todo caso, la decisión de poner en marcha el proceso de renovación de los cuatro magistrados que deben ser elegidos por la Cámara Alta -también paralizado desde hace año y medio- viene impulsada igualmente por un factor endógeno: la tensión labrada entre PSOE y PSC a cuenta de la decisión del presidente de la Generalitat, José Montilla, de promover una reforma legislativa que fuerce el relevo en el Constitucional.

El tripartito catalán -PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya- y el primer partido de la oposición en aquella comunidad, CiU, llegaron recientemente a un acuerdo para forzar en las Cortes Generales el debate de una propuesta que, entre otras cosas, pretende negar al tribunal la capacidad de emitir una sentencia interpretativa de los estatutos autonómicos o, dicho en su lenguaje, «reescribir» un texto de esta categoría. La mera idea planteaba dudas de inconstitucionalidad que el PSOE ha pretendido atajar antes de verse obligado a escenificar un desencuentro en el Congreso con su partido hermano, que aporta nada menos que 25 diputados a sus filas.

La ofensiva catalana estaba aún en una fase incipiente y, de momento, restringida al Senado, donde Montilla compareció ayer para defender el 'Estatut'. Pero PSC y PSOE llevaban semanas trabajando en una fórmula de consenso para neutralizar los efectos de un choque de voluntades en plena precampaña electoral para las elecciones de Cataluña. Y si Zapatero se mostró en un principio reacio a poner al Constitucional en el disparadero forzando su renovación cuando aún no ha dictado sentencia, finalmente cedió.

Iniciativa registrada

En todo caso, la Entesa, grupo parlamentario en el Senado de PSC, ERC, ICV y CiU registraron ayer por la tarde en el Senado su iniciativa legislativa. Pero es un hecho que la coincidencia del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, con Mariano Rajoy en aquello de que proceder a cambiar ahora a los magistrados en situación de interinidad sería como cambiar las reglas a mitad de partido, ha quedado sepultada. El grupo parlamentario socialista pedirá hoy en la Junta de Portavoces del Senado que se reactive la comisión de nombramientos de magistrados.

Era una postura que ya había sido anticipada el jueves por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y que ayer por la noche se abordó en una cena celebrada en la sede federal del PSOE de la calle Ferraz entre Montilla y el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves; el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías; la secretaria de Organización del PSOE; Leire Pajín; los presidentes de Extremadura y Baleares, Guillermo Fernández Vara y Francesc Antich; los consejeros de Presidencia del resto de autonomías socialistas, el presidente del Senado, Javier Rojo; el presidente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de esa cámara, Joan Lerma, y el portavoz socialista en la misma, José Ignacio Pérez.

Nada de esto, sin embargo, impide que el Tribunal Constitucional siga adelante con sus trabajos. Según fuentes de la institución, sigue siendo intención de su presidenta aprobar una sentencia antes de que acabe junio y trabaja en ello con toda intensidad. Sería el séptimo intento. Y, en todo caso, dar de nuevo a la manivela de los nombramientos no equivale a que la renovación se vaya a producir en breve. Fuentes socialistas advierten que es probable que la Mesa del Senado deba preguntar de nuevo a todos los Parlamentos autonómicos si las candidaturas remitidas en 2008 se mantienen. Además se abre la incertidumbre de si el Parlamento vasco y el gallego, renovados en este tiempo, deberían actualizar su propuesta.

Los trámites llevarían de este modo al próximo período de sesiones, en el último trimestre del año, cuando también se celebran las elecciones catalanas. Lo que está claro es que el PP no se apea de su elección y que sigue considerando que Hernando y López son sus hombres. Fueron la única opción de este partido en todas las cámaras autonómicas cuando se inició el proceso y el PSOE los rechazaba hasta ahora por su evidente animadversión hacia el Gobierno de Zapatero.

Confusión

La líder de los populares catalanes, Alicia Sánchez Camacho, se mostró en todo caso contraria a que se active ahora la renovación. «Se trata de una maniobra de dilación del Gobierno socialista para que no haya sentencia antes de las elecciones y nosotros, por responsabilidad -alegó- debemos que este tribunal debe emitir una sentencia y que no se pueden cambiar las reglas a mitad de partido». Su jefa de filas, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró sin embargo que su formación no se opondrá a que se «desbloquee» el Constitucional. Una contradicción más en la ceremonia de la confusión que rodea a todo lo que se refiere a 'Estatut' y Constitucional sin distinción de color político.

Para que la renovación se concrete es necesario pues que el PSOE 'trague' con Hernando y López. Pero tampoco en las filas socialistas todos se expresan igual. Pajín se negó a dar por hecho que vaya a ser así y aclaró que lo que se quiere dejar claro al convocar la comisión de nombramientos es que su partido tiene «voluntad política» de acuerdo. ¿Qué harán cuando haya que votar a los candidatos del PP? «Entonces se decidirá», dijo.

La portavoz socialista en el Senado, en cambio, fue un paso más allá y afirmó que su formación está dispuesta a «ser, una vez más, la que actúe con responsabilidad» y «facilitará» el recambio. «Se hará lo que se tenga que hacer», llegó a afirmar.