La Seguridad Social logra salvar del ajuste la cotización mínima para acceder a una pensión

El ajuste que afecta a las pensiones públicas de la Seguridad Social se concreta en la congelación de su importe en 2011 y en aplicar de golpe los requisitos que endurecen el acceso a un retiro parcial, modalidad que combina salario y pensión, y genera un contrato laboral de relevo. Pero se ha quedado fuera otra medida barajada, el endurecimiento del periodo de carencia, es decir, el tiempo mínimo que es preciso cotizar para recibir una pensión contributiva (propia de los trabajadores), situado en unos 5.475 días (lo que equivaldría a 15 años efectivos).

El periodo de carencia fue reformado por consenso político y social en la anterior legislatura. Entonces se establecieron esos 15 años o su equivalente real en días /cuota. Hasta entonces con 4.700 días (distribuidos en 15 años) valía. Gobierno, partidos políticos, sindicatos y empresarios decidieron que la ampliación se llevara a cabo a lo largo de cinco años, con un incremento de 77 días por cada seis meses transcurridos desde la entrada en vigor de la reforma.

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero informó a los líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, la pasada semana en el Palacio de la Moncloa de que el ajuste obligaba a suprimir el carácter progresivo de la ampliación del periodo de carencia, según informaron los propios líderes sindicales. El Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, incluso, evaluó el mismo día que el jefe del Ejecutivo presentó el paquete 'anticrisis', el ahorro que este recorte financiero suponía y lo fijó en unos 100 millones de euros.

Para el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, la iniciativa nunca llegó a ser interesante ni eficaz. Granados explicó que la medida estudiada en su día afectaba a pocas personas y que ocasionaba distorsiones en el sistema.

De momento y hasta que se conozca el texto del real decreto ley el adelanto de la aplicación total de los 15 años efectivos no aparece en los documentos facilitados por la Moncloa.