Las Aletas, volver a empezar

El proyecto de las Aletas sigue atascado en un limbo administrativo y sin fecha en el calendario para la reanudación de sus obras. El Consejo Rector analizó ayer los plazos estimados por la empresa Tragsa para presentar los documentos que recogerán la nueva ordenación urbanística de los terrenos. El Tribunal Supremo tumbó el pasado octubre el desarrollo del polígono industrial tras aceptar un recurso de la organización ecologista Adena.

El Alto Tribunal detectó defectos de forma en su tramitación y una vulneración de la Ley de Costas en cuanto a la ocupación del dominio público marítimo terrestre se refiere.

El fallo judicial obligó a los gestores de las Aletas a cambiar el paso y buscar soluciones alternativas para reflotar el proyecto. La sentencia daba al traste con diez años de gestiones. Así, la primera medida que se adoptó fue poner en manos de la Abogacía del Estado la sentencia con el fin de tomar medidas. Los juristas reconocieron a primeros de año que había una solución «factible» aunque no se trataba de un procedimiento fácil. De esta forma, el Consorcio ha contratado los servicios de la empresa pública Tragsa para elaborar un nuevo plan urbanístico y encajar todos los servicios que se prevén en el complejo con arreglo a las directrices del Tribunal Supremo. La presidenta del Consorcio, Juana Lázaro, adelantó ayer tras la reunión del Consejo Rector que el documento no estará listo hasta el próximo septiembre, como adelantó este periódico el pasado abril. El informe de usos que redactará Tragsa es clave para sacar adelante el polígono. Así, el estudio justificará con detalle el interés social del proyecto. No hay que olvidar que el complejo prevé la creación de 20.000 puestos de trabajo. Igualmente, ordenará las 287 hectáreas afectadas por la sentencia y marcará las bases de las 150 que no están tocadas por el fallo judicial. En resumen, se redactará un nuevo plan de ordenación. Lázaro comentó que cumplirá de forma escrupulosa con las exigencias del Supremo y señaló al respecto que hasta septiembre no se sabrá nada de plazos de actuación.

Fuentes consultadas por LA VOZ han subrayado que el trámite de un texto de estas característica se lleva, como mínimo, un año de gestión. Una vez presentado el informe tiene que pasar el filtro de la declaración de impacto ambiental, la exposición pública, el plazo de las alegaciones, la respuesta a las mismas, su adecuación y el respaldo del Consejo de Ministros.

El retraso en el desarrollo del proyecto es manifiesto y ya ha cundido el desánimo y el pesimismo entre los agentes sociales de la provincia. De hecho, el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Miguel González Saucedo, ha reconocido que «llega demasiado tarde». Las obras de las Aletas comenzaron el pasado septiembre y justo un mes después, el Supremo ordenaba su paralización. La primera fase del complejo industrial estaba prevista para 2011. Lázaro comentó, sin embargo, que «ahora cumpliremos con todas las garantías y vamos a ir sobre pasos seguros para hacer las cosas bien».

La presidenta del Consorcio fue tajante a la hora de garantizar la financiación del proyecto y dijo que los recortes presupuestarios no afectan a esta obra de infraestructura. Lázaro insistió en que las Aletas sigue adelante. Cuenta con una consignación económica de 60 millones de euros correspondiente a las anualidades de 2009 y 2010.

Un proceso lento

El consejero de Gobernación y Justicia y vicepresidente del Consorcio de las Aletas, Luis Pizarro, reconoció que el proceso es lento, «pero no hay otra forma de cumplir con el trámite y los plazos». En su opinión, «nos hemos encontrado con una sentencia que obliga a empezar de nuevo». El contador de las Aletas se ha puesto otra vez a cero. Pizarro resaltó que el proceso que ahora se ha puesto en marcha tiene mayores garantías que el anterior y comentó que «al menos, ahora sabemos que caminamos hacia delante y de que el proyecto continuará».

El principal escollo de las Aletas es la ocupación del dominio público. Este territorio no se puede adquirir en propiedad y la solución inicial era una concesión administrativa por 30 años, prorrogable a 30 más. Esta situación obligaría a desmontar todo el complejo, una vez concluida la concesión. Por esta razón, toca ahora arbitrar una fórmula diferente o modificar alguno de los emplazamientos previstos.