El recorte de los empleados públicos comienza en la nómina de junio

El recorte retributivo para 2010 a los más de 2,7 millones de empleados públicos (de las tres administraciones) llegará en término medio al 5% y no tendrá efecto retroactivo. Su distribución será directamente proporcional al sueldo base y a la antigüedad (remuneraciones básicas), pero en un porcentaje lineal en los complementos. Su efecto se distribuirá en los siete meses que restan. Es decir, el primer ajuste llegará con la nómina de junio y continuará con las siguientes hasta diciembre. La paga extraordinaria de Navidad también tendrá recorte. En cambio, los trabajadores recibirán íntegra la correspondiente a julio.

La iniciativa afectará a los funcionarios, personal estatutario y laboral y a los directores de las empresas públicas. Ahora bien, el grupo de funcionarios más bajo no sufrirá ninguna reducción. Asimismo quedarán exentos los trabajadores laborales cuya remuneración sea inferior 1,5 veces al salario mínimo interprofesional, situado en los 633 euros al mes. El ahorro de esta medida llega a los 2.300 millones de euros en 2010 y a los 2.200 en 2011.

CC OO, UGT y CSIF-CSI denuncian que el Gobierno ha violado el acuerdo suscrito en septiembre de 2009, con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. El texto garantizaba el poder adquisitivo para los trabajadores durante la presente legislatura vía un sistema especial de cláusulas de garantía salarial.

El importe cobrado en diciembre de 2010 será el que los empleados públicos mantendrán durante todo el año 2011, puesto que la medida conlleva, junto con la rebaja actual, congelación retributiva para el ejercicio que viene. El ajuste no afecta al plan de pensiones de la Administración General del Estado, que cubre a unos 500.000 trabajadores. La aportación para 2010 era de un 0,3% y las previstas para 2011 y 2012, de un 5% y de un 7% respectivamente, según refleja el acuerdo de septiembre.

La reducción salarial a los empleados públicos es la primera vez que ocurre en democracia. Pero estos trabajadores ya han sido víctimas de otro 'tijeretazo' el pasado mes de marzo. Entonces, el ajuste llegó por los puestos de trabajo. De cada diez vacantes registradas en 2010 sólo se repone una. La oferta de empleo público para este ejercicio contemplaba un total de 4.019 plazas, número muy inferior a los 20.561 puestos de 2009. Este recorte supuso un ahorro de 280 millones de euros.

El Gobierno negó que hubiera vulnerado el acuerdo de septiembre. Explicó que simplemente ha aplicado un capítulo del Estatuto Básico (documento con los derechos y los deberes del colectivo) que permite el incumplimiento por «causas graves de interés público». En su opinión, el pacto «sigue plenamente vigente», puesto que el cambio solo afecta a las retribuciones.

Primeras protestas

El recorte de los salarios de los empleados públicos tuvo ayer su primera respuesta en la calle. Miles de funcionarios de toda España se manifestaron en diversos puntos del país para expresar su rechazo a la medida y exigir al Gobierno que dé marcha atrás en sus planes.

Fueron cerca de 3.000 las personas que se concentraron a las 18.00 horas frente al Ministerio de Economía y Hacienda, pocos minutos antes de que el Consejo de Ministros aprobara las medidas anunciadas para reducir el déficit público. Bajo una pancarta con el lema «No a los recortes salariales ni sociales», los sindicatos UGT, CC OO, CSIF así como distintas asociaciones de la Policía Nacional y Guardia Civil protagonizaron una sonora pitada que terminó con la lectura de un manifiesto conjunto.

Las centrales sindicales denunciaron que sean los trabajadores los que deban asumir en sus sueldos la responsabilidad de aquellos que provocaron la crisis. Igualmente, criticaron la política fiscal del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que con medidas como la rebaja del IRPF o el 'cheque bebé' «ha privado al estado de unos recursos que en estos momentos se antojan determinantes para superar la mala situación económica». «Ahora más que nunca, luchemos por los derechos y la defensa de lo público», concluía el manifiesto conjunto.