Las pensiones de 6 millones de ciudadanos quedarán congeladas

Las pensiones de seis millones de ciudadanos quedarán congeladas en 2011 como ayuda para la reducción del déficit público, según ha decidido el Gobierno y queda recogido en el Real Decreto Ley aprobado ayer. El ahorro previsto llegará hasta los 1.400 millones de euros en la Seguridad Social y tendrá incidencia en futuros ejercicios, puesto que cuando se recupere el ritmo de revalorización la cantidad de partida será inferior a la correspondiente si no hubiera habido congelación. A salvo de la medida quedan los perceptores de prestaciones mínimas; del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) siempre que no cobren otra pensión; y de los retiros no contributivos destinados a personas con probado estado de necesidad.

A los 1.400 millones se suman otros 130 millones procedentes de los fondos destinados a las clases pasivas, según anunció la vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Elena Salgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La representante del Ejecutivo insistió en que las pensiones mínimas volverán a revalorizarse: van desde los 365,40 euros mensuales correspondientes a la derivada de enfermedad común menor de 60 años sin cónyuge hasta los 1.087,80 de gran invalidez con cónyuge a cargo.

A datos de 1 de abril de 2010, había en España 8,644 millones de pensiones contributivas (propias de los trabajadores). El argumento esgrimido por el Ejecutivo para la congelación es que el colectivo ganó 1,7 puntos, al menos, de poder adquisitivo en 2009, cuando sus ingresos subieron un 2% y el incremento de los precios se quedó en 0,3%. La revalorización en sintonía con la inflación está reflejada en el Pacto de Toledo (acuerdo parlamentario suscrito en 1995) y su entrada en vigor data de 1997.

Precisamente, en los dos primeros años de aplicación de la ley (1997 y 1998) pasó lo mismo que en 2009. Las subidas de los pensionistas estuvieron por encima de la evolución de los precios. Entonces, la norma contaba con una cláusula de absorción pero su complicada aplicación aritmética impidió ponerla en práctica, lo que originó su posterior desaparición. La ganancia de capacidad de compra fue de seis décimas en 1997 y de siete, en el ejercicio siguiente.

Otras medidas de índole social aprobadas son la suspensión del régimen transitorio de la jubilación parcial, que no afecta a los actuales beneficiarios de este retiro. La reducción en el número de pensiones que se derivará de esta medida generará un ahorro de 400 millones de euros en el conjunto de dos años.

Asimismo, el Ejecutivo ha eliminado la retroactividad en la prestación de dependencia, que ocasionará un menor gasto de 300 millones en 2011, de los que 200 corresponderán al Estado y 100 a las administraciones territoriales.