
Zapatero, dispuesto al 'decretazo' laboral
Minimiza el tijeretazo social porque sólo es el 10% del recorte planificado para los próximos dos años; Impondrá la reforma del mercado de trabajo si no hay acuerdo entre sindicatos y empresarios
MADRID. Actualizado: GuardarNo se quedará a medias. Una vez que ha decidido dar la vuelta a su discurso como a un calcetín José Luis Rodríguez Zapatero está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, y si sindicatos y empresarios fallan y son incapaces de lograr un acuerdo para la reforma del mercado laboral antes de junio, volverá a tragarse sus palabras y recurrirá al 'decretazo'. La fórmula por la que tantas veces condenó a José María Aznar mientras gobernaba, y ha restregado después una y otra vez a Mariano Rajoy, es ahora, a sus ojos, un instrumento perfectamente válido para hacer frente a la crisis.
El jefe del Ejecutivo alegó ayer -junto al presidente de la UE, Herman Van Rompuy y el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso- que la grave situación económica que atraviesa España ha hecho «evidentes» una serie de 'déficits' estructurales que deben ser atendidos de «inmediato». No hace ni dos semanas que negaba cualquier relación directa entre la recuperación y la remodelación del mercado de trabajo. Ahora, su opinión es otra. «Lo que haga este año la UE y cada país en su ámbito va a determinar el futuro económico en los próximos 20 años», defendió durante una comparecencia en el marco de la VI Cumbre Unión Europea-América Latina/Caribe, que se celebra desde ayer en Madrid.
Del mismo modo que, en apenas siete días, pasó de asegurar que el recorte del déficit público debía ser moderado para no lastrar el crecimiento económico a anunciar el mayor tijeretazo al gasto social acometido en España, ayer insistió en que las reformas estructurales deben acompañar a las medidas para reducir costes al Estado. Y rubricó: «Esos pasos van a consolidar un crecimiento económico a medio plazo más sólido».
Zapatero se cuidó mucho de no envalentonar a los agentes sociales con una amenaza pública. Sobre todo, porque aún negocian dentro del plazo fijado por el propio Gobierno para cerrar una propuesta. En caso de que pidan una o a lo sumo dos semanas más, se les dará, según fuentes oficiales. Ahora bien, advierten estas mismas fuentes, «si no hay acuerdo, el Gobierno asumirá su responsabilidad» y la impondrá por decreto, una solución que, seguro, no va a satisfacer ni a patronal ni sindicatos. Y ese previsible descontento acarrea indudables riesgos para la paz social.
Más sutil, el jefe del Ejecutivo apuntó que la mejor reforma será «la que más apoyo tenga» y confió en que los agentes sociales puedan alcanzar antes de que acabe mayo un entendimiento que pueda trasladarse a texto normativo. No hace tanto que aseguró que nunca gobernaría por decreto y menos aún desde que afirmó que la diferencia entre Rajoy y él mismo era que él siempre buscaba una reforma dialogada y el líder de la oposición apostaba por el 'decretazo'. «El Gobierno está trabajando para culminar ese trabajo, pero -matizó- la sociedad española sabe que es necesaria una reforma laboral, lo dicen los analistas y los agentes internacionales».
Es precisamente hacia esa galería -la de los analistas y los mercados internacionales- hacia donde se dirigen las últimas actuaciones del jefe del Ejecutivo en un intento desesperado por frenar el rápido deterioro del euro, por un lado, y de los valores españoles en los mercados financieros por otro. Y en esa lucha, según se quejan desde su partido, ha descuidado tranquilizar a los de dentro, a los ciudadanos a los que tantas veces aseguró que nunca dejaría en la cuneta.
Límites al gasto
El jefe del Ejecutivo también trató de minimizar la dimensión de su 'tijeretazo' y subrayó que de los 30.000 millones de gasto público que está previsto reducir en los próximos dos años, el de las prestaciones supone menos del 10%. El resto, dijo, es gasto corriente, capítulo de personal de las Administraciones Públicas, transferencias e inversiones. «Hemos limitado al máximo el recorte social», insistió.
En todo caso, dejó claro que no hay marcha atrás. Ni siquiera en pro de un acuerdo con el PP. «¿Estamos dispuestos a dialogar? Sí. ¿Mantenemos la posición de que es necesario no incrementar las pensiones en 2011? Sí», dijo escueto. Una vez que él ha dado el paso, Zapatero entiende que los demás deben seguirle y asumir que si ahora se ha entregado resignado a unas medidas a las que hace nada se oponía con ahínco es porque no hay opción alternativa.
«Los partidos responsables -alegó el jefe del Ejecutivo- deben comportarse responsablemente porque a medio plazo, si no lo hacen, una gran mayoría de los ciudadanos considerará que no han estado a la altura de las circunstancias».