Garzón: «La democracia no se puede construir sobre miles de cadáveres»

Baltasar Garzón demostró ayer que seguirá fiel a su filosofía pese a estar suspendido de sus tareas en la Audiencia Nacional. El magistrado, tras recibir el premio Libertad y Democracia René Cassin por su acción en favor de los valores democráticos en París, reconoció que atravesaba «circunstancias especiales y difíciles» al haber sido apartado de su juzgado. Pero lejos de mostrarse como una persona derrotada, añadió: «soy juez» y «esclavo de la ley», pero de la justicia «universal» no sólo de «la local». Y esas circunstancias, agregó, «reivindican mis principios y mi firmeza a favor de la acción de la justicia contra los crímenes en cualquier parte del mundo».

El juez en ningún momento citó a España en su discurso, pero hizo algunas alusiones inconfundibles si se tiene en cuenta su frustrada investigación de los crímenes del franquismo, por la que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. «No se puede -dijo- construir la democracia sobre miles de cadáveres ocultos». En esta misma línea, afirmó además que «la impunidad es la hermana mayor de la corrupción» y lamentó que algunos países con pasado violento «hayan construido una cripta cerrada» que impide «resarcir a las víctimas».

El magistrado realizó una somera retrospectiva sobre los genocidios o crímenes de lesa humanidad que él ha investigado como las dictaduras de Argentina, Chile, El Salvador o Guatemala, «donde la justicia no actuó» o los casos de Ruanda o Bosnia «donde la justicia llegó tarde».

Garzón, otra vez sin señalar a ningún estado en concreto, criticó la indefinición del poder judicial para investigar crímenes propios o ajenos porque, a su juicio, propicia «la derrota de la justicia y el triunfo de la impunidad».

La Fiscalía del Tribunal Supremo, entretanto, presentó ayer a la Sala de lo Penal su escrito provisional de conclusiones para el juicio que se celebrará contra Garzón por prevaricación durante su investigación de los crímenes del franquismo. Como era de esperar, debido a que el Ministerio Público no acusa en el proceso, el fiscal Luis Navajas reclamó la libre absolución del instructor de la Audiencia Nacional porque los hechos no son constitutivos de delito y «en modo alguno»del de prevaricación.

Pruebas documentales

La petición de la Fiscalía se contrapone con el escrito de la única parte acusadora, el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que solicita 20 años de inhabilitación para el juez. Para rebatir estos argumentos, la Fiscalía ha solicitado al tribunal una serie de pruebas documentales, entre ellas los votos particulares que formularon tres magistrados de la Sala Penal de la Audiencia Nacional cuando se planteó un conflicto sobre la competencia de la causa abierta por Garzón, en diciembre de 2008. Se tratan de José Ricardo Prada Solaesa, Clara Bayarri García y Ramón Sáez Valcárcel, quienes apoyaron la capacidad del tribunal para investigar dichos delitos.

Mientras el Supremo decide la fecha del juicio oral, sigue la tramitación en el Consejo de la solicitud de Garzón para trasladarse al Tribunal Penal Internacional. Este lunes llegaron dos informes solicitados por el Consejo el pasado viernes. El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, reiteró su respaldo a la marcha de Garzón a la corte de La Haya pese a la nueva situación procesal del togado.

Exteriores aseguró que mantiene su respaldo a que el juez ocupe el cargo de consultor externo de la Fiscalía, órgano dirigido por el argentino Luis Moreno Ocampo. Con anterioridad, había señalado que la marcha de Garzón era «de interés» para el Gobierno habida cuenta del esfuerzo que se requiere para reforzar con medios materiales y humanos este tipo de tribunales.

El otro informe favorable fue el de la Fiscalía de la corte internacional, que respondió al Consejo que la suspensión del juez no supone obstáculo para que sea asesor en este departamento. Aclaró, además, que el cargo ofrecido no incluye ningún tipo de inmunidad procesal, como preguntaba la comisión permanente del Consejo.