Presión para que la Eurozona se discipline
La vicepresidenta Salgado no cree que la UE exija más sacrificios para recortar el déficit y cree que el plan actual es «suficiente y creíble» El presidente del Eurogrupo llama a la mesura a la canciller Angela Merkel
BRUSELAS.Actualizado:Con los mercados todavía estremecidos por los últimos acontecimientos y el euro a niveles de cambio con el dólar que no se veían desde hace cuatro años, los ministros de Finanzas de la Eurozona volvieron ayer a reunirse en Bruselas en consejo ordinario -hoy lo harán los 27 en el Ecofin- para analizar la evolución de los acontecimientos.
El clima se presentaba cargado. Después de haber puesto en marcha el mecanismo provisional de apoyo a Grecia y de haber aprobado otro instrumento, también provisional, para proteger a los socios de la moneda única de la especulación, el terreno estaba abonado para la incontinencia verbal. A ella se libraban ayer unos y otros con gran desparpajo, dando con ello a pensar que a falta de la corrección esperada en los mercados de capitales por las recientes medidas, hay políticos que todavía esperan lograr ese objetivo a gritos.
La situación llegó a tal grado que el propio presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, persona mesurada donde las haya, pedía moderación en el discurso público a dirigentes como Angela Merkel, que ha acusado a los países de la Eurozona con déficits importantes de haber atraído sobre ellos mismos la acción de los especuladores por haber permitido tales desequilibrios. «Pienso que algunos harían mejor si pensaran antes de hablar», decía 'Mister Euro' poco antes de la reunión, en una alusión implícita a la canciller.
Wolfgang Schauble, el ministro germano de Finanzas, adoptaba una posición tangencial a la de Merkel ayer en Bruselas, pero que en lo sustancial venía a abundar en los mismos elementos: el refuerzo de la disciplina monetaria debe ser el objetivo prioritario de los países miembros de la Eurozona, e incluso de los Estados Unidos, decía. Alemania ha asumido el equilibrio presupuestario como obligación constitucional y Berlín alienta la esperanza de que los demás socios comunitarios hagan algo parecido. El clima de opinión entre los miembos del euro a una iniciativa de estas características no es favorable, pero el homólogo sueco de Schauble, Anderws Borj, se declaraba ayer partidario de endurecer el Pacto de Estabilidad, con niveles de déficit fiscal menores que el 3% admitido. La tesis de Borj es que con deudas altas como las que resultan de la crisis y desequilibrios presupuestarios próximos al susodicho 3%, una nueva convulsión económica podría situar a la Eurozona en condiciones similares a las que vive Grecia actualmente. El ministro sueco juzgaba de primordial importancia que España y Portugal concreten los planes de ajuste que han comprometido para optar al Fondo de Estabilización del euro.
«Alta volatilidad»
La vicepresidenta Salgado, que tenía ese cometido asumido para ayer, y que hoy ejecutará ante el conjunto del Ecofin, decía no temer que a España se le formulen requerimientos adicionales. Las reformas del sistema de pensiones públicas y del mercado de trabajo, contempladas oficiosamente por el Gobierno español, no entran en los esquemas con los que trabajan el Eurogrupo y el Ecofin. Salgado aseguró que este plan es «suficiente» y «creíble» y atribuyó las dudas de los mercados a la «situación de alta volatilidad». Para calmar a los mercados, la UE debe «trabajar» en el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, «coordinar nuestras políticas económicas» y «dar señales de voluntad decidida de reducir los déficits y también la deuda pública», indicó.
La valoración de la Comisión Europea sobre los planes español y portugués no será presentada hasta junio, lo que condiciona las discusiones formales al respecto. De todos modos, y a título informal, Juncker consideró ayer el ajuste español como «ambicioso y valiente». «Quiero decir que España ha actuado de manera ejemplar», añadió el presidente del Eurogrupo sobre el plan del Ejecutivo español, que incluye recortes en la inversión pública, la congelación de las pensiones, la supresión del cheque-bebé y una rebaja media del 5% de los sueldos de los funcionarios.