LA NORMA POR ENCIMA DE LOS MIEDOS

Amigos de la Tierra ha hecho pública a través de los medios de comunicación una lista de las fincas donde se ensayan cultivos modificados genéticamente, llegando a dar las coordenadas geográficas de su ubicación. Sin embargo no aclaran que es perfectamente legal o que los organismos científicos y administrativos acreditan su inocuidad para personas y medio ambiente. Quien lo ha hecho público es una organización con nombre propio y credenciales ante la opinión pública, que no necesita justificar lo que dice. Pero lo más importante es que generar miedo de forma gratuita en algunos temas, como el cultivo de transgénicos, ya ha provocado en varias ocasiones la realización de actos vandálicos como la destrucción o quemas de campos de cultivo e infraestructuras. Por todos es conocido que en el vandalismo hay una fina línea que separa la destrucción de cosas ajenas -en ningún caso justificable- y el daño a personas, y todos tenemos en mente el triste caso griego.

Si una organización está en contra de una norma deberá luchar en los despachos por cambiarla y, si no lo cree suficiente, podrá ejercer su derecho a manifestarse para concienciar a la sociedad o presionar a los responsables políticos. Lo que en ningún caso está justificado es poner en el punto de mira de muchos exaltados a las empresas, a los trabajadores de esas empresas y a los propios agricultores que no hacen más que desarrollar su actividad profesional con el máximo respeto a las normas y sin forzar a nadie para que comulgue con su visión de las cosas. Pero lo más sangrante es esta actitud en el caso de una organización en la que el 75,4 por ciento de sus ingresos proviene de subvenciones públicas. ¿Se deben gastar los fondos públicos en señalar a particulares que cumplen con la ley porque no les gusta lo que hacen? ¿Debe condicionar la Administración la entrega de este tipo de información al uso de la misma? Sin duda, apuntar no es disparar, pero ayuda bastante.