El ajuste enturbia el diálogo social

«Las medidas de ajuste perjudican y obstaculizan el proceso de diálogo social», sentenciaron los líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, la semana pasada. Pero aseguran que el fuerte impacto sufrido por el plan del presidente Rodríguez Zapatero no ha mermado sus ganas de alcanzar nuevos acuerdos. Desde el miércoles 12, día en el que se conocieron las propuestas «antisociales» del Gobierno, insisten en que su responsabilidad con los trabajadores les obliga a mantener invariable su voluntad de entendimiento. Sin embargo, la vulneración del pacto suscrito en septiembre entre los sindicatos del área pública (CC OO, UGT y CSIF) y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, planea negativamente con fuerza sobre las mesas de negociación. Los agentes sociales son conscientes de que carecen de garantía sobre el futuro cumplimiento de los todavía hipotéticos documentos que se pueden suscribir.

Toxo y Méndez defienden proseguir con los procesos de negociación abiertos, como la reforma laboral y la modificación del sistema público de pensiones. El primero se lleva a cabo entre el Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme y las dos centrales mayoritarias, y el segundo, en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo (acuerdo suscrito por las fuerzas políticas en 1995 para velar por el sistema público de pensiones) con miras a pasar después al ámbito social, en el que participarían CC OO y UGT.

«Legitimidad del diálogo»

La cúpula de Comisiones mantiene que las medidas del Ejecutivo «quiebran la legitimidad del diálogo social», aunque precisa que las movilizaciones que se convoquen no deben impedir avances «hacia un rápido desenlace de las negociaciones tripartitas en las que se aborda la reforma laboral». En los temas menos conflictivos como un plan de choque para conseguir la urgente reinserción laboral de los jóvenes, grupo que alcanza una tasa de paro superior al 40%, y fórmulas de bonificación a los empleos que fomenten los trabajos estables, había posibilidad de entendimiento; pero ahora las perspectivas han cambiado, puesto que todo indica que no habrá dinero disponible para poner en marcha ambas medidas.

La situación es mucho peor en el resto del temario, marcado en su día por el Gobierno. En la reestructuración de las modalidades de contratación y en la admisión del sector privado en la intermediación de ofertas y demandas laborales los intereses están enfrentados.

No obstante, las medidas de Rodríguez Zapatero han amainado en parte las pretensiones de las patronales. Miembros de CEOE y Cepyme reconocen que «el horno no está para bollos», es decir, que en las actuales circunstancias será muy difícil conseguir la reducción de cotizaciones a la Seguridad Social o el abaratamiento del despido. Opinión que no es compartida por algunos sindicalistas que temen que «una vez que el melón está abierto» todo es posible.

Para UGT, los recortes del Gobierno «entorpecen el diálogo social, rompen el consenso parlamentario alcanzado en el Pacto de Toledo y suponen una importante quiebra de confianza». Sin embargo, su comisión ejecutiva reitera su intención de simultanear la lucha en «el escenario negativo» creado por Rodríguez Zapatero con la voluntad de alcanzar un acuerdo con la patronal sobre el mercado de trabajo. La central socialista espera, y así se lo ha hecho saber al presidente, «que el ajuste impuesto por el Gobierno no obstaculice el proceso».

El plan anunciado el miércoles en el Congreso de los Diputados también cayó como un mazazo sobre los miembros de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que llevaban avanzada la renovación del acuerdo. La congelación de la cuantía de las pensiones contributivas (con excepción de las mínimas) en 2011, así como la restricción aplicada de golpe (tenía que ser progresiva) en el acceso a la jubilación parcial o la exigencia, también de manera contundente, de los 15 años efectivos de cotización para percibir un retiro público suponen fuertes obstáculos para el éxito del debate.