Decisión anunciada

La suspensión cautelar de Baltasar Garzón como juez, decidida ayer por unanimidad del CGPJ, es la consecuencia lógica de la apertura de juicio oral por parte del Tribunal Supremo por presunta prevaricación en las diligencias abiertas para investigar los crímenes del franquismo. La animadversión que la conducta de Garzón haya inducido en determinados sectores de opinión o de la propia judicatura en ningún caso puede cuestionar que la citada decisión fue adoptada con arreglo a derecho, del mismo modo que la suspensión resuelta no debería percibirse como una actuación injusta respecto a los innegables servicios que el juez afectado ha venido brindando a la democracia a lo largo de su prolongada trayectoria de 22 años en la Audiencia Nacional, en la instrucción de procedimientos que han permitido desbaratar numerosas tramas de terrorismo y de crimen organizado conduciendo a sus integrantes a juicio. Es lógico pensar que al solicitar el traslado por servicios especiales para desempeñar tareas de asesor externo para la fiscalía del Tribunal Penal Internacional Baltasar Garzón trataba de sustraerse a la suerte que le podía deparar la apertura de juicio oral por parte del juez Varela, como parece evidente que la celeridad con la que éste procedió a dar dicho paso y la actuación de ayer del CGPJ trataban de evitarlo. La permanente del órgano de gobierno de la judicatura resolvió finalmente posponer su decisión respecto al permiso solicitado por Garzón para trasladarse a La Haya durante siete meses. Pero todo parece indicar que, a pesar de la propuesta cursada por el fiscal jefe del TPI, el Consejo General del Poder Judicial podría denegar tal petición, lo que se percibiría prácticamente como una sanción añadida, por coherente que resultase con la suspensión de sus funciones como juez. Llegados a este punto es de esperar que el Supremo proceda también con celeridad para juzgar y emitir sentencia cuanto antes en los casos que se siguen contra Garzón en el Alto Tribunal. Sería la mejor forma de que prevalezca la Justicia despejando cuantas dudas o sospechas de parcialidad hayan podido ensombrecer los citados procedimientos. Pero junto a ello también es necesario que las discrepancias públicas respecto a las decisiones que los órganos competentes hayan adoptado o adopten en el futuro respecto a Baltasar Garzón se expresen sin exaltaciones ni excesos.