El Gobierno reconoce que fue «doloroso» adoptar un ajuste «tan duro y difícil»

«Que nadie dude de que el compromiso social del Gobierno sigue siendo el mismo». Esta frase, que pronunció ayer María Teresa Fernández de la Vega al término del Consejo de Ministros, resume una de las principales preocupaciones del Ejecutivo: que nadie olvide los logros sociales conquistados durante los últimos seis años. Es más, enfatizó que se trata de disposiciones «excepcionales» ante una situación «excepcional», e insinuó que podrían ser reversibles una vez que se logre el objetivo de reducir el déficit y de que España retorne a la senda del crecimiento y de la creación de empleo.

La vicepresidenta primera evitó cualquier tipo de autocrítica, aunque confesó que a los miembros del Ejecutivo les «dolió» y «afectó» adoptar medidas de ajuste «tan duras, difíciles y especialmente dolorosas», como la reducción de un 5% del sueldo de los empleados públicos -un colectivo de 2,5 millones de personas- y, sobre todo, la congelación de las pensiones, otro colectivo de tres millones. El decreto ley que incluirá el núcleo duro del ajuste presupuestario se aprobará el próximo jueves en Consejo de Ministros y se hará efectivo una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

A partir de ese momento, se abrirá un trámite parlamentario que el grupo socialista empleará en arañar el máximo consenso con el resto de formaciones. CiU y las coaliciones de izquierda ya han adelantado que rechazan los planes del gobierno. De la Vega apeló a la responsabilidad de todos, en especial a la del PP. El punto de partida se antoja poco óptimo para el entendimiento entre las dos formaciones mayoritarias, pese a que los populares llevan dos años reclamando a Zapatero medidas similares a las que anunció el miércoles, salvo la que provocará la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. La número dos del Gobierno reprochó a Mariano Rajoy que sólo piense en «términos electorales». Una estrategia, completó, que lleva al PP a preocuparse más «por sus cuentas» que por las «cuentas de España».

De la Vega sí cercenó cualquier resquicio que pudiera llevar a elucubrar que José Luis Rodríguez Zapatero baraja la posibilidad de un adelanto electoral. «No vamos a dejar la tarea a medias», apostilló la vicepresidenta e insistió en que la prioridad del Gobierno es impulsar la recuperación económica de España y volver a crear empleo. Es decir, que salvo sorpresa, Zapatero agotará la presente legislatura.

Argumentario popular

Un razonamiento que cuenta con pocos partidarios. El PP dio un salto y reclamó, por primera vez desde su página web oficial, la convocatoria de elecciones. «Un gobierno sin programa político ni capacidad económica debe dimitir y convocar elecciones», indica el argumentario del partido opositor. Mariano Rajoy, sin embargo, no ha trasladado esta petición al Congreso ni ha proclamado esta posibilidad en público de una manera tan tajante. Sí lo han hecho otros dirigentes de su formación. El líder del PP, además, tiene claro que sólo presentará una moción de censura si tiene posibilidades reales de ganarla.

Josep Antoni Durán i Lleida rescató, a su vez, su pretensión de que se presente una moción de censura en el Congreso para elegir a otro presidente del Gobierno que no sea ni Zapatero ni Rajoy. El portavoz parlamentario de CiU aboga porque este nuevo gobernante de consenso acometa las reformas que necesita España y convoque elecciones.